Manga ancha para el Gobierno de Rajoy en el que ningún retraso fue castigado entre 2014 y 2016. Aún existiendo aumentos de precio superior al 10% de límite legal, actuaciones “incongruentes” y faltas de justificación en la mayoría de los contratos modificados. Ahora tras una acción más de la corrupción «Marca España», el Tribunal pide sanciones.
Los ministerios económicos del Gobierno de Mariano Rajoy no informaron de oficio al Tribunal de Cuentas del 59% de las incidencias producidas en los contratos públicos que estos departamentos habían adjudicado y que este organismo había seleccionado para evaluar su ejecución entre 2014 y 2016.
Así, en su informe de fiscalización de las modificaciones de contratos del Área de la Administración Económica del Estado y sus organismos dependientes entre 2014 y 2016, el Tribunal critica a todos los departamentos de este área por cumplir «de manera deficiente su obligación de comunicar de oficio» estas incidencias.
No solo en cuanto al plazo establecido para ello (tres meses), sino también por omitir gran parte de las mismas. Concretamente, el 59% de las incidencias no se comunicó durante su ejecución, incumpliendo así su obligación establecida en la normativa y en las propias instrucciones del Tribunal, que solo ha tenido conocimiento de estas incidencias durante su fiscalización.
Esta fiscalización abarca 316 expedientes de incidencias producidas durante la ejecución de 67 contratos seleccionados de un total de 907,2 millones de euros en los ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Economía y Competitividad, Empleo y Seguridad Social, Fomento, Hacienda y Administraciones Públicas, Energía y Turismo, y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad así como de los organismos dependientes de los mismos.
Entre los ministros del responsables de los departamentos afectados están Miguel Arias Cañete, actual comisario europeo de Acción contra el Clima y Energía; Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo y Ana Pastor, presidenta del Congreso.
