Cuando el Consejo de Ministros aprobado la creación de la Dirección General de Memoria Histórica, un nuevo departamento dentro del organigrama del Ministerio de Justicia del que se hacía cargo Fernando Martínez López, ya se preveía que iría asociado a otro importante gasto administrativo con pocos resultados. Las expectativas eran de altura y han sido superiores.
Con la puesta en marcha de esta nueva Dirección General, el Ministerio de Justicia pretendía dar el necesario impulso a las iniciativas relacionadas con la Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007, de 26 de diciembre), que prevé medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, y proporcionar el debido apoyo institucional al cumplimiento de los objetivos fijados en la citada ley. Donde se podría saber, entre otras cosas, los costes que se irían generando sobre la misma.
El Gobierno, a través de la Dirección General para la Memoria Histórica del Ministerio de Justicia, lleva gastados 70.838 euros sólo en la «preparación» de su plan de exhumaciones, sin apenas exhumar los cuerpos que era de lo que se trataba.
Ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha concretado esta cifra según indica okdiario, a través de una pregunta en el Portal de Transparencia. En el desglose se informa, por ejemplo, de que Sánchez pagó 19.808 euros en el ‘Estudio sobre el estado actual de exhumaciones de fosas comunes de la Guerra Civil y la dictadura. Recomendaciones para el futuro’, un informe dirigido por el forense y profesor de la Universidad del País Vasco, Francisco Etxebarría, en el que se proponía al Gobierno un plan urgente de exhumación de fosas para recuperar los restos de 25.000 víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.
El estudio en cuestión fue encargado por Justicia al equipo del profesor Etxebarría y avala que, «con una intervención oficial del Estado», en el plazo de cuatro o cinco años, se podría solventar el problema de los «desaparecidos» en España. El informe, revelado a principios de este año, detalla, por ejemplo, que desde 2.000 se han exhumado únicamente 740 fosas y recuperado 9.000 esqueletos.
Lo que se quiere decir con este informe elaborado para Justicia es que «podrían recuperarse de 20.000 a 25.000 víctimas de las fosas que quedan todavía por exhumar y de ellas sería posible identificar entre 5.000 y 7.000 personas». Los expertos recomendaban a Sánchez poner en marcha el plan de forma urgente porque el tiempo corre en contra. Pero como siempre, se está haciendo mal y tarde con el mapa de fosas.
