Las graves irregularidades del BBVA se están haciendo asiduas. La imprudencia de esta entidad financiera que cotiza en el Ibex, es alarmante. Hace ahora un año El BBVA comunicaba el cese de Francisco González como presidente ejecutivo, relevo que se haría efectivo apenas meses más tarde, en enero de este año, coincidiendo con el que va camino de ser uno de los episodios más críticos de la historia de la entidad.
Antes, en mayo, el diario Público se había hecho eco de los presuntos servicios que el banco habría encargado al ex comisario José Villarejo, en prisión por presunta organización criminal, blanqueo y cohecho, desde el 1 de junio de 2016 a diciembre de 2017.
Casi 365 días después, las sospechas obran en el inabarcable sumario de la «operación Tándem» sobre los negocios del policía, caso que instruye el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y que, al menos desde comienzos de año, cuenta con una pieza separada, la novena, dedicada a este asunto.
La polémica estaba servida. Las Repúblicas publicaba hace poco un artículo sobre la imputación del BBVA por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Esta entidad quedaba muy mal parada. Actuaciones oscuras de película, con espionajes y contraespionajes por sobrevivir y no ser comido.
Las pesquisas se remontan a 2004, cuando el BBVA habría encargado presuntas tareas de espionaje al grupo Cenyt, epicentro empresarial de Villarejo, a fin de frenar el intento de la constructora Sacyr de tomar el control del banco.
Entre las labores prestadas, por las que la entidad supuestamente desembolsó unos cinco millones de euros entre 2004 y 2005, estaría el seguimiento de políticos, empresarios y periodistas, a los que además se habría intervenido hasta 15.000 llamadas telefónicas.
Nombres como el del ex ministro de Industria Miguel Sebastián o el del ex vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Carlos Arenillas comenzaron a filtrarse como perjudicados por un espionaje que ambos denunciaron el pasado febrero.
El creciente revuelo y los continuos rumores de una posible imputación provocaron la reacción del BBVA, que reconoció haber iniciado una investigación sobre la contratación del Grupo Cenyt.
Pero también del propio Francisco González, conocido en el sector como FG, que decidió dar un paso atrás y entregar de forma temporal la presidencia de honor del banco que dirigió durante dos décadas, a la espera de que concluyan «las investigaciones en curso».
Aún bajo secreto, la causa cuenta con casi una decena de investigados.
Entre ellos está el que fuera jefe de seguridad del BBVA Julio Corrochano, que en una conversación aseguraría que el «presi» le llamaba cada diez o quince días, en alusión a FG, lo que de ser cierto mostraría que estaba al corriente.
Junto a él figuran el ex consejero delegado Ángel Cano, director general de medios en la época con responsabilidad, por tanto, en materia de seguridad, y algunos directivos todavía en la entidad como Inés Díaz y Nazario Campo, de esa precisa área; el director de la red de Banca Comercial, Ignacio Pérez Caballero; el responsable de rendimiento y control en Finanzas, Javier Malagón, y el consejero de la filial turca Garanti, Ricardo Gómez.
A éstos se suma una figura clave, el ex presidente de Distrito Castellana Norte -participada del grupo-, Antonio Béjar, el único que ha roto su silencio a pesar de no conocer en detalle las acusaciones contra él.
Como era previsible, una vez estrechado el cerco con artes mafiosas, por esa y otras actuaciones, el juez rubricó a finales de julio la imputación del BBVA por presunto cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, y corrupción en los negocios, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción.
Según el Ministerio Público, la documentación incautada a Villarejo y la aportada por el BBVA acreditarían pagos «ilícitos» a Cenyt que «afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos» cuando el ex comisario aún estaba en activo.
Recelos que García Castellón recogía en su auto, en el que añadía que el banco podría haber consentido dicha contratación para tareas de información y espionaje, en vista del «beneficio personal y empresarial» que le podía reportar.
Con su sistema de cumplimiento normativo en tela de juicio, el BBVA anunciaba el pasado 30 de julio el nombramiento de la nueva responsable del área de Regulación y Control Interno, departamento hasta entonces ocupado por Eduardo Arbizu, muy próximo a FG, que abandonó el banco.
«Estoy máximamente interesado en colaborar con la justicia, con la mayor transparencia y objetividad», aseguraba casi en paralelo Francisco González ese mismo día, cuando se pronunció públicamente por primera vez sobre estos hechos. Demasiado tarde, el BBVA, está manchado corrupción…
Compromiso que no ha dejado de reiterar en los últimos meses su sucesor, Carlos Torres-Vila, quien, más allá de los retos que plantea el sector bancario, tiene por delante gestionar un escándalo que amenaza con golpear la imagen del BBVA.
