Estaba cantado. No por tardar, era menos esperado. Manuel García-Castellón ha citado a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes como imputadas en el caso Púnica, el macrosumario de corrupción en la Comunidad de Madrid que se investiga desde febrero de 2014 y que encara su fase final, según fuentes jurídicas.
El magistrado de la Audiencia Nacional pretende conocer su papel en la trama corrupta liderada por el exconsejero madrileño Francisco Granados y en la financiación irregular del PP madrileño entre 2003 y 2011, años en los que Aguirre encadenó mayorías absolutas.
García Castellón, considera que Aguirre ejercía la «supervisión» de la supuesta caja b del partido en la Comunidad. Cifuentes está imputada por la adjudicación irregular de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández.
Las imputaciones judiciales fueron solicitadas hace un mes por la Fiscalía Anticorrupción en un informe en el que solicitaba al magistrado la reordenación de la causa -que debe estar concluida antes del 6 de junio de 2020- que acumulaba 16 piezas, que han quedado concentradas en un total de 11.
El juez amplía ahora las imputaciones a los exconsejeros madrileños Manuel Lamela y Juan José Güemes, dentro de un listado de en torno a 40 altos funcionarios, responsables políticos y directivos de empresas, entre los que se encuentra el expresidente de Indra Javier Monzón, actual presidente no ejecutivo del grupo PRISA, editora de EL PAÍS
