El tribunal que ha juzgado el Procés catalán, presidido por el magistrado Manuel Marchena, baraja hacer pública la esperada sentencia en el próximo mes de octubre, han indicado fuentes jurídicas.
Así, está previsto que se conozca el destino de los 12 políticos catalanes juzgados por el Tribunal Supremo unos cuatro meses después de la finalización de la vista oral y también después de fechas tan señaladas en Catalunya como la Diada y el segundo aniversario del referéndum del 1 de octubre, aunque también tras haberse despejado la duda de una posible repetición electoral.
La ponencia de la sentencia es tarea de Marchena, que está preparando una resolución que se prevé muy extensa y prolija y en la que los siete magistrados que componen el tribunal buscan la unanimidad en todos los argumentos que en ella se expongan, para lo que se han venido reuniendo periódicamente desde el fin del juicio. Aunque parezca chocante, pues cada juez podría tener su visión y versión de lo acontecido en el juicio, quieren que solo haya una línea de opinión.
Fueron muchas las cuestiones jurídicas que se plantearon a lo largo de las 52 sesiones repartidas en los cuatro meses exactos que duró el juicio del ‘procés’, por lo que se espera que la sentencia que lleva redactando todo el verano el también presidente de la Sala de lo Penal del Supremo resuelva estos interrogantes.
Aparte de la calificación de los posibles delitos y la exposición de las posibles condenas, cuestiones como el uso del catalán durante las sesiones, la pertinencia de ciertas declaraciones testificales o la valoración de la prueba documental, como los vídeos que expusieron tanto la acusación como las defensas, serán determinantes a la hora de futuros recursos de los acusados ante tribunales superiores como el Constitucional o el de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Los líderes independentistas, con Oriol Junqueras a la cabeza, se enfrentan a peticiones de condenas por parte de la Fiscalía que oscilan entre los 7 y los 25 años de prisión por delitos de rebelión y malversación de caudales públicos. Algo que jamas ha sido probado.
La Abogacía del Estado optó por acusar sólo por sedición y su petición máxima es de 12 años de cárcel para Junqueras, mientras que la acusación particular que ejerce Vox sí ve rebelión en el ‘procés’ y en su escrito de conclusiones solicita hasta 75 años de cárcel para el exvicepresidente catalán.
La sentencia del Supremo marcará, además, en parte el destino del segundo juicio al proceso independentista catalán, el que se celebrará a partir del 20 de enero de 2020 en la Audiencia Nacional contra la cúpula policial y política de los Mossos d’Esquadra.
Esta vez serán el mayor Josep Lluís Trapero, el exdirector de la policía autonómica Pere Soler, el exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig y la intendente Teresa Laplana los que se sentarán en el banquillo por el delito de rebelión en el caso de los tres primeros y por sedición en el caso de la última.
