La Fiscalía sabe lo que se le venía encima. A menos de 20 días de que el Tribunal Supremo emita la sentencia del juicio del ‘procés’ no conviene alterar el lógico enfado independentista. Por ello, la Fiscalía no pedirá pena de prisión para Quim Torra por desobediencia a la Junta Electoral Central (JEC), tras no retirar los lazos amarillos en edificios públicos durante el período de campaña previo a los comicios generales del pasado 28 de abril.
El presidente del Govern se enfrentará sólo a una multa de entre 6.000 y 18.000 euros por colgar simbología independentista y propaganda a favor de los políticos catalanes presos, entre otros, desde el balcón del Palau de la Generalitat. Algo légitimo por estar respaldado por el derecho a la libertad de expresión y opinión. Además, la opinión pública con observadores internacional estará pendiente de este juicio tambien.
Sin embargo, el Ministerio Público sí instará la inhabilitación de Torra para el ejercicio de cualquier cargo público -de ámbito local, autonómico, estatal o europeo- durante un período no superior a un año y ocho meses. Y así lo hará constar en su escrito de calificación jurídica de los hechos, una vez el TSJC ha decretado la apertura del juicio oral tras desestimar, previamente, el recurso de apelación de Torra contra su decisión de procesarle por el incumplimiento de las advertencias de la JEC.
