Hasta el año 2015 en Marruecos solo se autorizaba el aborto cuando peligraba la vida de la madre. El rey Mohamed VI impulsó una modificación de la ley y desde entonces se permiten también en casos como malformación del feto, violación o incesto. No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que los abortos clandestinos diarios ascienden a 1.500. Para las mujeres que son condenadas por abortar las penas van desde los seis meses a los dos años de cárcel. Para los ginecólogos, alcanzan los cinco años.
Hajar Raissouni, una periodista de 28 años, está encerrada en Marruecos desde el sábado pasado acusada de mantener relaciones sexuales sin estar casada, de someterse a un aborto clandestino y de “usurpación de identidad” por facilitar otro nombre en la clínica. La primera vista del juicio se celebrará el próximo lunes.
De la misma forma, también han sido detenidos el ginecólogo, su enfermero y secretaria y su pareja sentimental, un universitario sudanés con quien tenía previsto casarse la semana que viene. El abogado de la periodista sostiene que su clienta no se sometió a un aborto y que acudió a la clínica a causa de una hemorragia interna.
Chafik Chraibi, ginecólogo y presidente de la Asociación Marroquí de Lucha contra el Aborto Clandestino, declaró al semanario Tel Quel: “Nosotros nos hemos acostumbrado en los últimos años a ver muchas detenciones por casos de aborto, sobre todo de médicos y sus equipos sanitarios. Lo que es excepcional, sin embargo, es que arresten a la mujer que aborta”.
Jadiya Ryadi, miembro de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), la ONG de mayor implantación en Marruecos, señaló al medio local Yabiladi: “Nosotros denunciamos la forma en que ha sido detenida y el espionaje sobre su vida privada. Consideramos que la acusación de aborto no es más que una excusa para meter a Hajar en prisión a causa de su trabajo periodístico y para presionar a su entorno, en particular al periodista Suleimán Raissouni”.
La redactora trabaja para el diario Ajbar al Yaum, cuyo director, Taufic Buachrín, se encuentra preso desde 2018 y condenado a 12 años de cárcel por varios delitos de índole sexual, como violación y tráfico de seres humanos. La defensa de Buachrín negó en su día las acusaciones y declaró que la condena obedece a causas políticas. La línea editorial del diario es crítica con la política estatal y simpatiza con el islamista Abdelilá Benkirán, jefe del Gobierno hasta que en 2017 fue destituido por el rey Mohamed VI.
Este diario publicó un editorial hace días en el que recordaba que el director de la publicación fue detenido hace 18 meses “mientras escribía editoriales en su despacho”. “Y hoy, una periodista de las que se solidarizaron con él sigue sus pasos”. Por su parte, el sitio digital Le360, próximo a la política del Estado, señala que la periodista es una doble víctima: “Es víctima de su filiación islamista” (…) y “víctima también y sobre todo de leyes desfasadas que hay que reformar, algo que su tío y sus aliados, partidarios de la ideología islamista y que se encuentran hoy en el Gobierno, se niegan obstinadamente a hacer”.
