¿Firmaría usted un contrato de préstamo en el que se dijera en letra grande lo mismo que pasa desapercibido porque lo escriben con letra pequeña?
¿O en el que pudiera leer, en las primeras cláusulas, las condiciones únicamente a favor del banco que ocultan por los rincones de un texto cuya lectura resulta imposible de seguir y muy poco comprensible?
No, y los bancos lo saben. O, al menos, intentaría usted negociar mejoras. De lo contrario, algunos no gastarían para presumir de que sus hipotecarios “no tienen letra pequeña”.
¿Se habría aprobado en referéndum una Constitución cuyo artículo 14 dijera que “Todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, exceptuando al Rey”?
Las tres últimas palabras, las subrayadas, son las únicas que no figuran en ese artículo. Hubieran resultado una verdad insoportable para millones de personas de las que votaron «SI» el 6 de diciembre de 1978.
Y hoy resultan aún más inaceptables, cuando el paso del tiempo demuestra que quizás es lo único que se ha cumplido, sin ninguna “excepción”, de ese artículo.
Pero claro, ahora no se puede votar.
Busque ese chiste con Mafalda, que circula por las redes desde hace unos dos años: Sí a la monarquía bajo amenaza en 1978 y los mismos pocos que se siguen burlando hoy de los muchos casi todos.
Una Constitución con ese texto podría haber fracasado en las urnas, y “ellos” lo sabían. Por eso, la “excepción” del Rey se la llevaron al artículo 56, punto 3, del Título II, cuando escribieron que “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Atención al detalle de “La persona”, pues colocó cualquier delito que pudiera cometer por encima de la Justicia.
Por tanto, o nos atenemos al artículo 14 y ni Juan Carlos I ni Felipe VI son españoles, o los cuarenta y tantos millones de españoles, excepto estos dos, somos unos idiotas.
El dictador Franco, el anterior inviolable, terminó falleciendo, y los inolvidables partes médicos han regresado a nuestras vidas para recordarnos que lo de morir volverá a ocurrir.
Para esa fecha, inevitable y cercana, los sucesores actuales de aquellos prestamistas del 78, hoy en La Moncloa y en la Carrera de San Jerónimo, deben comprometerse inmediatamente a anular todas las cláusulas incluidas en el Título II del préstamo de democracia, también llamado Constitución Española, que seguimos pagando.
Si “ellos” conceden esta mejora en el contrato existen muchas posibilidades de que millones de prestatarios españoles, incluidos los catalanes, sigamos “pagando” los plazos durante un nuevo paréntesis de “estabilidad”, esa situación política que tanto dicen desear y que tan rentable les resulta siempre.
¿No pretenderán conseguirla gratis, verdad?
