Este periódico ya exponía hace tiempo la falta de titulaciones en el Ministerio de Defensa, y no porque esta no exista sino por el hecho de que sólo está resultando válida a fin de justificar la plaza que ocupa cada militar, y así encuadrar al personal en una categoría funcionarial con respecto al salario correspondiente, algo que por cierto ya se hacía antes sin necesidad de tanta parafernalia. En definitiva tal parece que la cúpula militar se preocupe más por la apariencia pública y el ego personal de poder autoproclamarse licenciados que por tener una autentica formación que sirva para la función que este país espera de ellos.
Esta fórmula del Ministerio de Defensa se presenta como un cumplimiento parcial de la Ley, en el sentido de que las titulaciones obtenidas solo son validas, como decíamos, en el entorno militar. No tienen validez alguna en el ámbito civil, otro truco de trilero a los que ya nos viene acostumbrando esta Administración, cuyo resultado final no es otro sino la dificultad su personal para dejar el Ejercito, después de un plazo de tiempo en el que se supone se le ha sacado el rendimiento necesario, y es más eficiente su incorporación a la vida civil aportando sus servicios al país desde otros ámbitos. Esto al menos es lo que parece tras conocer que se pretende contratar una empresa civil para buscar trabajo a los militares fuera del mundo castrense.
En relación precisamente a esa rentabilización de la formación que reciben nuestros militares hoy vamos a hablarles de lo que se conoce como “La SERVIDUMBRE”. Se supone que esta es una especie de medida de lo que cuesta la formación que se le ha dado a un militar y que por tanto debe ser compensada antes de que este pueda abandonar el Ministerio de Defensa.
Este concepto que parece tan lógico y obvio, luego no es aplicado con el criterio con el que lo entenderíamos la mayoría, pues parece ser utilizado para crear unas diferencias dentro de las escalas militares, ya que según el curso que se realice se impone o no una permanencia forzosa, este es el caso que exponemos aquí.
Para hacer más patente esto que decimos, compararemos un curso básico publicado en el Boletín de Defensa nº17 de 24 de enero de 2018, Curso Avanzado de Ciberdefensa, con el curso del Avión Airbus-400.
En el primero de los cursos, que consta de 250 horas lectivas y es dirigido por el CESEDEN, los candidatos que pueden acceder al curso van desde un sargento del cuerpo de Ingenieros del Ejército de Tierra, hasta un Teniente coronel de cualquier Ejercito sin una especialidad definida, pasando por oficiales Ingenieros Politécnicos.
A este curso se le impone una servidumbre de un año de servicios efectivos y durante el curso, por la falta de asistencia se puede imponer una “multa” de 67,63 € diarios, hasta este punto cualquiera podría pensar que de esta manera el Estado se asegura la inversión realizada, pero cuando lo comparamos con el segundo, queda patente la diferencia de criterio según los candidatos a los que está dirigido.
En este segundo caso, un curso de mayor precio como es la licencia conseguida por algunos de los pilotos del Ala 31 para operar el Airbus-400, con un valor unitario mayor, exactamente 41.350€ por piloto, no se requiere ningún tipo de SERVIDUMBRE.
A finales del año 2018 el día 17 de noviembre, el Director General de Armamento y Material Santiago R. González Gómez, certificaba que 12 pilotos habían realizado el curso del Avión A-400 (IMAGEN A), sin embargo solo cinco días antes el Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire Francisco J. Fernández Sánchez justificaba tan solo 10 y en la contestación de este justificaba diciendo “…que no es un curso propiamente dicho y no genera servidumbre” (IMAGEN B).
Esta situación ya fue denunciada ante el “Tribunal de Manipulación Castrense” (Tribunal Militar Central), ya que uno de esos pilotos de los ahora “perdidos”, podría haberse lucrado con esta situación, solicitando una excedencia por cuidado de un familiar para dedicarse en realidad a trabajar en la línea Aeronáutica IBERIA, sin que el tribunal lo investigase.
