El que fuera asesor de la Viceconsejería de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de Madrid, Germán Rasilla, ha asegurado este lunes ante el juez que investiga la trama Púnica que tras su nombramiento en 2004 de manos del consejero de Sanidad, Manuel Lamela, recibió la orden de que todos los contratos de publicidad debían pasar por la Consejería de Presidencia y ha incidido en que todos los que se firmaron, se ejecutaron realmente.
Según informan en fuentes jurídicas, Rasilla ha explicado al juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal y la Fiscalía Anticorrupción que el sistema de funcionamiento era someter todos los contratos de publicidad e imagen a consideración de la Dirección General de Medios que dirigía Isabel Gallego, persona considerada próxima a la presidenta Esperanza Aguirre, a quien no ha mencionado.
Ha negado, no obstante, que se produjera ninguna irregularidad, pues conforme ha dicho no se visó ningún trabajo que no se realizara y todos estuvieron sometidos a un doble control, el técnico de la propia Consejería y el de la constructora adjudicataria. Asegura así que no hubo pagos por servicios inexistentes ni, por tanto, facturación falsa en lo que de él dependía.
En cuanto al 1% del valor del contrato que se exigía a las adjudicatarias emplear en publicidad e información del mismo, se ha desmarcado de irregularidad alguna y ha asegurado que así se ahorraba dinero al erario público, puesto que no era la Consejería de turno la que tenía que asumirlo.
El papel del ente público en esta ecuación, conforme ha señalado, era comprobar que el trabajo efectivamente se realizaba, sin que interviniese en la elección de las empresas a las que recurría el adjudicatario para ponerlo en marcha, siempre según las mismas fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio.
Otros cuatro ex altos cargos de la Comunidad de Madrid han pasado esta tarde ante el juez, aunque uno de ellos, el exviceconsejero de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid Alejandro Halfter, se ha acogido a su derecho a no declarar alegando que no conocía las actuaciones.
Sí han prestado declaración, además de Rasilla, la funcionaria Rosario Jiménez; Almudena Pérez Hernando, exdirectora del Servicio Madrileño de Salud; y Carlos Rivero, consejero delegado de Gedesma, la empresa de gestión y desarrollo de medio ambiente de la Comunidad de Madrid.
Todos han coincidido en defender la regularidad de las adjudicaciones, así como en expresar su malestar por haber sido llamados como investigados cuando, inicialmente, prestaron declaración ante la Guardia Civil como testigos, según informan fuentes jurídicas presentes en la declaración.
En el caso de Almudena Pérez, ha defendido la regularidad del procedimiento en lo tocante a la Consejería de Sanidad, mientras que la funcionaria Rosario Jiménez ha aportado datos e información tanto de contratos concretos como del modo en que se resolvían.
Mientras, Jiménez ha aportado una explicación técnica de cada uno de los contratos objeto de la investigación y ha defendido la ausencia de irregularidades en el modo en que se gestionaban. Rivero, por su parte, ha dicho desconocer directriz alguna dado que eso, de acuerdo a las fuentes consultadas, quedaba mucho más arriba.
