La CUP ha registrado este miércoles en el Parlament una propuesta de resolución por la que pide a la Cámara catalana instar a la Generalitat a impulsar un ‘acuerdo nacional para la amnistía, la autodeterminación y los derechos civiles y políticos’ abierto a todos los agentes políticos, sociales y culturales, y que pida la «amnistía total» tras el 1-O.
La propuesta, que «esta amnistía tiene que anular todas las causas judiciales impuestas contra personas que hayan sido procesadas, juzgadas, detenidas o encarceladas por defender derechos políticos, sociales o civiles, desde la autodeterminación hasta el derecho a la huelga, en el marco de una legislación de excepción contra los derechos civiles y políticos».
Pide que el Parlament reconozca que Catalunya «ejerció el derecho a la autodeterminación en el Referéndum» del 1 de octubre de 2017, y que ve la construcción de una República independiente como un objetivo legítimo y deseado por cada vez más ciudadanos, por lo que las instituciones públicas tienen que poner al alcance de la ciudadanía las herramientas para este objetivo, subraya el escrito.
Otra propuesta señala que esta amnistía también tiene que reconocer y reparar los daños causados a los afectados, dice la propuesta, que añade que el Parlament «rechaza la operación represiva impulsada en los últimos días por la Audiencia Nacional española y la Guardia Civil que ha comportado la detención de hasta nueve activistas catalanes, exige su liberación inmediata y el archivo de la causa».
La CUP ve necesario que Catalunya tenga las herramientas económicas para hacer posibles sus políticas, ante lo que llama a sentar las bases de un nuevo modelo de relaciones económicas en el que el progreso económico esté «relacionado con la equidad, la participación, la sostenibilidad ambiental y la cooperación», indica en una propuesta.
En este marco, la CUP pide a la Cámara catalana instar al Govern a impulsar los trabajos para crear una Banca Pública, y mejorar la redistribución de la riqueza con medidas como subir el IRPF para las rentas más altas, modificar el impuesto de sucesiones y el del patrimonio y los tributos sobre el juego y los casinos.
Para hacer frente a la actual crisis socioecológica, otra propuesta llama a trabajar hacia un modelo descarbonizado; apostar por biocombustibles locales como la biomasa, parar la incineración de residuos, clausurar las plantas de valoración energética antes de 2021 y prohibir la exportación de residuos para su incineración fuera de Catalunya.
La CUP también quiere mejorar la prevención de incendios, y en infraestructuras, insta a parar la construcción de nuevas terminales de cruceros en Barcelona y la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, así como «paralizar inmediatamente las obras relacionadas con los Juegos Olímpicos de invierno».
En otra propuesta, ve necesario avanzar hacia una red de producción y distribución de energía de titularidad pública, para la que el Govern debería definir un plan de recuperación de la propiedad y la gestión en las redes eléctricas, y extinguir las concesiones hidroeléctricas caducadas, entre otras medidas.
Otras propuestas piden un «control severo a las concesiones de servicios» públicos, mientras estos no tienen gestión privada, así como un plan de choque contra las listas de espera sanitarias, reducir las tasas y precios universitarios, e impulsar una red pública para atender a las víctimas de violencias machistas.
La CUP llama a expropiar todo el parque de viviendas vacías en manos de bancos y grandes tenedores para ponerlo a manos de los municipios con el fin de llegar a un parque público de vivienda del 20% del total, en una propuesta, mientras que otra, en el ámbito policial, pide un registro con los datos relativos a las muertes bajo custodia policial en Catalunya.
