El secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, ha alertado este lunes ante el Consejo de Justicia de la UE, celebrado en Luxemburgo, de que las prácticas corruptas «conducen a una distribución injusta del poder y las oportunidades en perjuicio de los más desfavorecidos».
En su intervención, Dolz ha abordado la necesidad de reforzar la «lucha» contra la corrupción en el seno de la UE, lo que asegura, provocará «el aumento de la confianza mutua entre países y el fortalecimiento del Estado de Derecho». Asimismo, ha afirmado que la corrupción tiene un «impacto negativo» sobre la economía, la productividad y la innovación tecnológica, así como en el principio de igualdad.
Con el objetivo de aplicar una estrategia anticorrupción, España ha apostado por emplear los instrumentos legales y los marcos institucionales que están actualmente vigentes en la UE, así como que cada Estado miembro articule medidas de prevención y persecución. Además, ha respaldado la propuesta para que la UE se incorpore al Grupo de Estados del Consejo de Europa contra la Corrupción (GRECO) como miembro de pleno derecho.
Por otro lado, el Consejo ha aprobado formalmente la Directiva relativa a la protección de personas que informen sobre infracciones al Derecho de la UE, y que puedan sufrir represalias por las denuncias. España lo ha calificado como «útil» frente a la corrupción porque «permite incrementar el número de las denuncias de infracciones».