Nicolás García Rivas, catedrático de derecho penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, decía esta misma mañana que la sentencia supone un retroceso en los derechos democráticos pues, al sentar jurisprudencia, permitirá castigar manifestaciones contra desahucios y otras acciones de protesta. “Esta sentencia rezuma autoritarismo”, ha afirmado.
A Joaquín Urías, ex letrado del Tribunal Constitucional, la sentencia le parece “peligrosa” pues si, como dicen todos los que defienden que en España hay separación de poderes, solo se condenan hechos y no ideas, cualquiera que a partir de ahora realice hechos similares a los sentenciados, manifestarse pacíficamente, por ejemplo, podrá ser detenido y condenado. ¿O alguien recuerda víctimas no causadas por las fuerzas represivas?
Para Elisa Beni, periodista que se lo sabe todo de tribunales, el “engendro” que ha sido la sentencia era el único resultado posible de la unanimidad apresurada que necesitaba Marchena, cosa que pasaba por conseguir que ningún juez ejerciera su derecho a la discrepancia y al voto particular, matices que siempre enriquecen la justicia. Realmente, la unanimidad de los siete magistrados ante una sentencia tan compleja y discutible solo es imaginable desde la sospecha de que decidieron pastelear, hacer “política”, en lugar de firmar desde criterios exclusivamente jurídicos.
Las prisas subjetivas de Marchena eran producto de dos hechos probados y una sospecha. Por una parte, de la vista señalada para el mismo 14 de octubre de la prejudicial que presentó ante el TJUE sobre el escaño de Junqueras en el Parlamento Europeo, simple maniobra de distracción pues si Marchena hubiera buscado ese dictamen de buena fe, exigible, habría demorado la sentencia. No lo pondrán por escrito, pero algunos jueces europeos piensan que el presidente de la Segunda del TS español se ha reído de la justicia europea. Por otra parte, también es un hecho que los primeros dos años de prisión preventiva de los presos políticos más antiguos vencían esta misma semana. Por último, solo nos permitiremos sospechar sobre la presión “ambiental” del interés indisimulado manifestado por todo el españolismo para que la sentencia se firmara antes de las elecciones generales del 10 de noviembre.
Viene a cuento el dictamen de los expertos porque durante esta crisis, tan profunda y prolongada, prolifera la sensación de que hemos vivido en un castillo de naipes que construimos con ilusiones y deseos para huir de ese pasado que no deja de perseguirnos: el que para siempre dejó marcado el dictador Franco en nuestro ADN.
“Murió el perro, pero no la rabia”, dice el mensaje que acabo de recibir mientras escribo.
Ocurre, entonces, que el derrumbamiento del castillo de naipes cursa con lucidez sobrevenida, y nos hacemos de nuevo las mismas preguntas que en el pasado respondimos de otra manera, o que ni nos planteamos.
Algunos hechos nos parecieron de poca importancia, pero cuando necesitas construir una arcadia feliz te inventas los significados.
Por ejemplo, ¿nos ayudaron Felipe González y su hoy ex, Carmen Romero, a colocar en el castillo el naipe de la integración en la democracia de los que pensábamos eran últimos franquistas, cuando en julio de 1985 hicieron aquella excursión por aguas portuguesas en el mismo Azor que el dictador comenzó a utilizar en 1949 para sus pescadas?
¿O, en realidad, vimos aquella chulería marinera de FG como una victoria más que simbólica de la democracia contra una dictadura que, a fin de cuentas, nos había humillado a todos al conseguir que su fundador muriera en la cama?
En ese caso, se trataría de algo parecido a lo que nos ocurrió cuando pensamos que Tejero había sido derrotado el 23F de 1981, en lugar de comprender que aquel golpe de Estado fue una victoria póstuma del dictador, ¿la última?, al consolidar al borbón que había elegido, Juan Carlos, para que los militares de su misma calaña supieran lo que tenían que defender a cualquier precio cuando él no estuviera.
Ni siquiera sospechamos que algo no cuadraba cuando el terrorismo de Estado de los GAL durante los gobiernos del PSOE, pero nunca se insistirá lo bastante en la mucha ayuda que el terrorismo etarra prestó al autoritarismo franquista para conseguir que se mantuviera activo el veneno infiltrado durante cuarenta años en las instituciones del Estado y, a la postre, en toda la sociedad.
Ahora que leo de nuevo el título que he elegido para este artículo, si no lo hubiera escrito yo mismo podría pensar, antes de leer lo demás, que el castillo de naipes derrumbado por la sentencia sería el otro, el que lideran los sentenciados y los exiliados como Puigdemont, de nuevo perseguido en Europa por Llarena.
Pero ese deseo de derrota del adversario catalán manifestado por el españolismo, por mucho que Pedro Sánchez no deje de proclamarlo, se disuelve cada vez que llegan noticias de la vida cotidiana en Catalunya. La amplitud, solidez, diversidad y continuidad demostradas por el movimiento independentista está en condiciones de resistir cualquier ataque y crecer social y políticamente.
El 10 de noviembre se constatará de nuevo la medida electoral de su fuerza, esta vez la primera después de conquistar en mayo pasado la mayoría, también, en la Cámara de Comercio.
