La Comisión Europea recuerda que las euroórdenes son «un procedimiento puramente judicial». Preguntada sobre la advertencia de la vicepresidenta del gobierno español en funciones, Carmen Calvo, en Bélgica por la euroorden contra Carles Puigdemont, una portavoz del ejecutivo europeo asegura que no quiere «comentar casos específicos» porque son los jueces de cada país los que deben «valorar cada caso».
Sin embargo, subraya que se trata de un mecanismo «puramente judicial» en el que la Comisión «no tiene ningún rol». El ejecutivo europeo también remarca que «supervisa de cerca» el funcionamiento del sistema de euroórdenes y que en publica regularmente informes.
La fiscalía belga decidirá la equivalencia de los delitos por los que se pide extraditar Puigdemont durante el procedimiento
Por otra parte, la fiscalía de Bruselas decidirá «la equivalencia exacta» de los delitos por los que se pide extraditar Carles Puigdemont en España durante el procedimiento. En un comunicado, la fiscalía ha recordado que se trata de un «procedimiento que está en marcha» en la Chambre du Conseil y que, por tanto, «es demasiado pronto» para decir si los delitos por los que el Tribunal Supremo reclama a Puigdemont son asociables a alguno de los que hay en el código penal belga.
La defensa de Puigdemont, que ha pedido este martes el aplazamiento de la vista, que finalmente se hará el 16 de diciembre, prevé que la fiscalía de Bruselas pida la extradición de Puigdemont por sedición y malversación, como ya hizo el ‘año 2017.
En la primera orden de detención emitida por España en 2017, la fiscalía belga propuso equiparar los delitos que se imputaban a Puigdemont los de coalición de funcionarios y malversación del código penal belga. En ese momento, sin embargo, el juez nunca llegó a pronunciarse sobre el fondo de la cuestión para que la justicia española retiró la euroorden.
En el caso de la euroorden contra los ex consellers Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret, la fiscalía tampoco la terminó de examinar del todo porque el Supremo retiró la petición de extradición después de que Alemania sólo aceptara devolver Puigdemont por malversación, pero no por rebelión.
