Hasta 2008, la economía española se basó en la conocida «dieta mediterránea», (cuyos ingredientes principales eran el «boom» urbanístico, la exportación, el turismo y el consumo interno), fórmula que creaba excelentes platos minimalistas, de apariencia altamente sugestiva y precio desorbitado pero vacíos de contenido culinario y con fecha de caducidad impresa (2008), debido al estallido de la burbuja inmobiliaria y el hundimiento del castillo de naipes de la economía española. La entrada en recesión de la economía española implementó el estigma de la incertidumbre y la incredulidad en una sociedad inmersa en la cultura del Estado de Bienestar del mundo occidental y derivó posteriormente en un shock traumático al constatarse el vertiginoso tránsito desde niveles de bienestar hasta la cruda realidad de la pérdida del trabajo, posterior desahucio e inmersión en umbrales de pobreza y dependencia en exclusiva de los subsidios sociales.
El milagro económico del paraíso neoliberal español tendría como efectos colaterales el incremento desmesurado del trabajo precario en España (más de 6 millones de personas), la desaparición del mito del puesto de trabajo vitalicio ( tasa del 90% de contratación parcial) y progresiva pérdida de poder adquisitivo de asalariados y pensionistas. Así, según el Consejo Económico y Social, cerca de 400.000 hogares vivían gracias a la pensión de los abuelos con ingresos medios de 840 € ( lo que constituía hasta hoy el último salvavidas de los restos del naufragio económico español), pero de seguir desbocada la inflación quedarán diluidos los efectos benéficos de la subida de las pensiones , lo que tendrá como efectos colaterales la reducción del grosor del colchón familiar y la consecuente elevación del riesgo de pobreza.
Pensiones e inflación
José Ramón Urrutia declara que «muchos menos cotizantes con salarios más bajos, hacen que los ingresos vayan cayendo y los gastos en pensiones subiendo más del 4% por los nuevos jubilados provocará que el déficit de la Seguridad Social en el 2019 rondará los 20.000 millones de euros». Por su parte, la OCDE recomendó «retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años e incentivar las pensiones privadas, incluso con carácter obligatorio, porque prevé que en el futuro se reducirán los beneficios de los sistemas públicos» ( el déficit de la Seguridad Social en el 2019 rondará los 20.000 millones de euros). Desde las esferas del Gobierno se intenta convencer a la ciudadanía que para garantizar el nivel de vida de los futuros pensionista se deberá complementar «el sistema de reparto», fomentando el SPP (Sistema Privado de Pensiones) según las posibilidades de cada ciudadano, lo que permitiría que cada trabajador se asegurara la pensión deseada en el momento de su jubilación.
Por otra parte, la inflación subyacente en septiembre en España (índice general elaborado sin contar los alimentos ni los productos energéticos y que reflejaría con más exactitud que el IPC el impacto real que los precios tienen en el consumidor), sería del 1,1%, no siendo descartable acabar el año con una tasa del 1,2% con lo que quedarán diluidos los efectos benéficos de la subida del 0. 9% de las pensiones prometida por el Gobierno para el 2.020.
Además, el Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé un escenario insostenible para el 2021 en que la «tasa de dependencia» crecerá en un 57%, (lo que supone que habrá seis personas inactivas ya sea jubilados, parados o estudiantes por cada persona activa). En consecuencia, tras el agotamiento de la llamada «hucha de las pensiones» previsto para el 2.020, es urgente cristalizar un nuevo Pacto de Toledo entre Gobierno, Oposición, Patronal y Sindicatos para consensuar los mínimos asistenciales, las fuentes de financiación y el calendario de aplicación de dicho pacto con el objetivo inequívoco de evitar el colapso de la Seguridad Social en el horizonte del 2.025.
