Ante la prueba descarnada esta semana de la deriva antidemocrática en la que ha entrado Madrid, con el proposito de tener el control digital en España, y con ello, aunque no se diga, aplicar el 155 digital en Catalunya, no es ni va a ser para todos lo mismo.
El PP llevó a cabo este viernes una campaña de envío de hasta 2 millones de mensajes a móviles pidiendo el voto para este domingo. El número de teléfono de las personas a las que les ha llegado ha sido obtenido, según el partido, de una base de datos facilitada por una empresa de marketing entre aquellas personas que han mostrado una disposición favorable a ser contactados mediante mensaje para recibir comunicaciones en alguna ocasión, no necesariamente en el del ámbito político.
En todo caso, asegura Génova, «el único dato con el que se cuenta es su número de teléfono, sin vinculación al nombre del usuario ni de su información personal, y es para un uso único». Los entendidos indican los contrario. Esta es la base de datos:
El pasado abril hicieron una campaña parecida, pero entonces utilizaron la base de datos del partido. Ahora han recurrido a los datos de una empresa de marketing. Hasta el mediodía habían enviado 1,2 millones de mensajes y hasta las 00.00 de este viernes enviarán otros 800.000 más.
Los populares han enviado esos mensajes pidiendo el apoyo del electorado. «Hola, soy Pablo Casado. Te pido tu voto para sumar una nueva mayoría de cambio en España frente a la crisis económica y el desafío separatista», se lee en el mensaje, que en la versión original tiene faltas de ortografía (no pone tildes).
El texto va acompañado de un vídeo con fragmentos de mítines del líder popular en la campaña. «Hace falta un Gobierno de verdad, al que no le tiemblen las piernas con los independentistas y que sepa superar la crisis económica», dice Casado en el vídeo.
Acción fraudulenta
Hay que recordar que con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD), aprovada hace un año, los partidos se autorizaron a tratar con fines electorales los datos que encontraran en «fuentes de acceso público».
Sin embargo, en mayo de este año, el Tribunal Constitucional anuló la parte de la reforma que permitía a los partidos elaborar bases de datos que con información ideológica y personal extraída de páginas web y redes sociales. Con lo que el PP estaría actuando de manera fraudulenta.
La organización de consumidores FACUA llama al PP a «aclarar el origen de la base de datos y si los usuarios habían aceptado el envío de comunicaciones de partidos políticos». Según un portavoz de esta organización, sería ilegal, pues la ley electoral no ampara al PP para comprar una base de datos de personas de dieron algún tipo de consentimiento para recibir publicidad comercial y usarla para enviar propaganda electoral, que además debe estar debidamente etiquetada como tal. Otra grave irregularidad más del PP.
