El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tal como hemos informado en la primera parte de este artículo, estudia agrupar todos los hechos y disturbios relacionados con la sentencia al juicio farsa del Procés en Catalunya, y convertirlo en una macrocausa por terrorismo. Por lo pronto fué el causante de la detención y encarcelación de los 9 ciudadanos acusados por terrorismo.
Este juez conservador ha dejado caer en su círculo que no le gusta salir en los medios de comunicación por su trabajo, pero ha demostrado lo contrario en otras facetas por su implicación política. Ha pertenecido a la muy conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) de la que llegó a ser Tesorero, y así lo indica su trayectoria profesional anterior a su retorno a la Audiencia Nacional.
Fué llevado largos años fuera de España por su colaboración con el PP, Durante su primera época en la Audiencia Nacional (1993-2000) instruyó varios casos de terrorismo, como el atentado de ETA contra José María Aznar, el asesinato del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco o la querella de la Fiscalía contra Mario Conde por el caso Banesto.
El 26 de mayo del 2000, el Gobierno de José María Aznar le nombra a propuesta de los Ministros de Asuntos Exteriores (Josep Piqué) y de Justicia (Ángel Acebes) magistrado de enlace ante las correspondientes autoridades de la República Francesa, con lo que pasa a servicios especiales y marcha para Paris, con funciones extrajurídicas de «enlace».
En realidad esta información nace de un hecho que llama poderosamente la atención. Los motivos que le llevaron a volver a su juzgado de la Audiencia Nacional para hacerse cargo, a sabiendas, de la instrucción de 2 casos que por separado o juntos podían determinar tanto su futuro como el del PP, las conocidisimas (Púnica y Lezo), sobre el desvío de fondos públicos que terminaron en las cuentas particulares de miembros del Partido Popular.
A esto casos hay que añadir que desde noviembre del 2017 su juzgado ha acabado instruyendo, entre otros, el no menos complejo Caso Tándem (relativa a un trabajo que hizo el excomisario José Villarejo para unos clientes de Guinea Ecuatorial). Por cierto, este juez desayuna con pseduperiodistas como Eduardo Inda para intercambiar información sobre ese comisario preso.
Y ahora propone una macro causa por todos los juicios pendientes que han provenido del Procés. Un juez que ha sido elegído a dedo por un partido político como el PP, no puede estar derimiento si encausa o no las diferentes manifestaciones y protestas, energicas o no, de independentistas catalanes. Catalunya considera el Procés un tema político, no judicial.
Pero menos considera aún, que por algún momento se callará ante un juez politizado, que por ideas o doctrinas ‘estudia’ hacer del Procés un macro juicio terrorista. Ni la ANC, ni Ómnium Cultural, ni Tsunami Democràtic, ni siquiera los DCR, o cualquier otra plataforma o asociación que reveindique su catalanidad, es sospechosa de terrorismo, Quizás lo que hace el Estado, permitiendo a según que jueces, sí lo sea.
