El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha acordado la citación en calidad de investigados por un delito de revelación de secretos a periodistas de ocho medios de comunicación –El Mundo, El País, ABC, El Confidencial, La Vanguardia, El Español, la Cadena Ser y RTVE- por publicar informaciones sobre el sumario de los miembros de los Comitès de Defensa de la República (CDR) detenidos y encarcelados por presunto terrorismo por orden de la Audiencia Nacional.
En el momento de estas revelaciones, de evidente interés público y alusivas a los autos de prisión de los CDR investigados por terrorismo, el sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón se encontraba bajo secreto. Unas semanas después este secreto fue levantado y trascendieron en los medios de comunicación nuevas revelaciones sobre la investigación de este grupo presuntamente terrorista.
La investigación a los periodistas tiene su origen en una petición realizada el pasado 4 de octubre por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que instó a que un juzgado de Madrid y no la Audiencia Nacional -por cuestión de competencia- indagara una revelación de secretos por la filtración a la prensa del contenido de los autos de prisión.
El Ministerio Público adoptó esta decisión después de que las defensas de los siete miembros de los CDR en prisión provisional por terrorismo le solicitaran que abriera una pieza separada para investigar el origen de las filtraciones a la prensa de las partes secretas de la causa, además de la adopción de medidas cautelares para evitar que volviera a ocurrir.
En su escrito al juez García-Castellón, el Ministerio Público compartía que las filtraciones pueden suponer la posible comisión de un delito de revelación de secretos, pero descartaba que ello fuera incluido en la causa principal en la Audiencia Nacional, al entender este órgano carece de competencia para instruir la revelación de secretos.
Por ello, pedía que el caso se trasladara a los Juzgados ordinarios de Madrid para aclarar si ha existido ese delito y encontrar a los responsables, y así ha ocurrido.
En los autos se revelaba, entre otros datos, que los investigados celebraron una «reunión secreta in itinere» el 15 de septiembre de 2018 con la hermana del expresidente de la Generalitat huido Carles Puigdemont que tenía como objetivo de «entregar documentación sensible y establecer comunicaciones seguras» entre éste y el actual presidente, Quim Torra.
En dichas resoluciones también se detallaba que «en la instrucción constan conversaciones telefónicas en las que se habla de la existencia de un plan de conspiración contra las instituciones del Estado, que consistiría en el asalto y posterior ocupación de forma ilegal del Parlament de Catalunya en el precintado día ‘D’, con el fin último de subvertir el orden constitucional».
