La corrupción en España puede darse de muchas maneras, no solo mientras se está en el Gobierno que incluye un extenso abanico de posibilidades. También se puede preparar el camino para «el futuro» cuando uno deje la política, como otra forma de corruptela. Llamese ‘puertas giratorias’, o como se quiera. En eso los diferentes Gobiernos estatales tienen un Doctorado.
Pero el ‘montaje’ del PP y las renovables, especialmente, con los impuestos al sol y sus recortes a esas energias, es un escándalo que no tiene nombre. En estos momentos las grandes firmas entre la Carta del tratado de la Energía, y el asesoramiento de la Vicepresidenta, pueden estafar millonariamente al Estado.
Ya lo publicamos desde Las Repúblicas, el fichaje de Soraya Sáenz de Santamaría por el despacho de abogados Cuatrecasas fué muy cuestionado, empezando porque se produjo en marzo de 2019, cuando ni siquiera había pasado un año desde que se vio expulsada de la Vicepresidencia del Gobierno, vía moción de censura.
Lo que entonces no se había cuantificado es que la exvicepresidenta pasaba a integrarse en el bufete español a cargo de más demandas de inversores contra el Estado por los recortes a las energías renovables, en su mayoría orquestados por el Gobierno de Mariano Rajoy, o que el despacho reclama compensaciones por valor de más de 1.900 millones de euros por el supuesto perjuicio económico causado por estos cambios normativos a las expectativas de negocio de estos inversores.
Hoy según indica Público, se sabe que el bufete, en cuyo Consejo de Administración se sienta Santamaría, asesora a inversores en seis de los 30 casos actualmente abiertos de demandas a España ante instancias arbitrales internacionales por esta cuestión. Estos organismos son la suerte de tribunales privados que promueven como blindaje a los inversores los tratados comerciales como el CETA o el sepultado TTIP.
Dictan laudos de obligado cumplimiento, y sólo los fondos y multinacionales, y no los ciudadanos, pueden recurrir a ellos para demandar a estados. Para sustentar estos litigos, los inversores se acogen al Tratado de la Carta de la Energía -firmado en 1994-, que les permite reclamar compensaciones a los Estados que vulneren sus «expectativas legítimas» a la hora de invertir.
Actualmente el bufete trabajaba en esas seis demandas, todas ellas formuladas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) -dependiente del Banco Mundial-, por valor de 1.334, pero ahora en el bufete de la Vicpresidenta el importe total demandado a España se ha incrementado hasta alcanzar los 1.862,4 millones de euros, y superará es cifra, a la espera de formular más reclamaciones.
Según el Ejecutivo en funciones de los socialistas, España tiene abiertos 45 demandas de inversores internacionales por el recorte del PP, y la cantidad demandada supera los 10.000 millones de euros…
