Si a los admirados padres de la Constitución les hubieran encargado el diseño de un sistema político en el que la corrupción se adueñara del futuro no habrían sido capaces de hacerlo mejor.
Concluida la semana de los ERE, sentencia que les ha caído como maná del cielo a todas las portadas muy españolas para, sin excepción, silenciar la declaración de todo un Premio Nobel de la Paz exigiendo la inmediata libertad de los Jordi’s, conviene pararse en las decenas de analistas y resto de opinantes que han hablado o escrito sobre los andaluces del PSOE condenados.
La mayoría se han manifestado para constatar, con renovada decepción, la gravedad y el alcance del problema.
Elisa Beni, por ejemplo, refiriéndose a cuando ella hacía periodismo en Andalucía, nos dice que “…allí estaba el régimen de La Psoe cuya faceta, por así decir empresarial, constituía el mecanismo de fondo de un vivero de votos cautivos que no querían, por nada del mundo, que cambiara el panorama, por si ese cambio los dejaba en la rúa. Clientelismo. Voto cautivo. Ese es el caldo de cultivo de la corrupción condenada ahora en la Audiencia de Sevilla”.
He subrayado esa frase de Beni, descriptiva del ambiente, porque la limitación de mandados que se defiende en el título de este artículo implica cambio inevitable, lo que los declarados corruptos no querían que ocurriera de ninguna manera.
Un analista que nunca abandona su militancia, aunque hoy tenga que limitarla al plano intelectual, es Juan Carlos Monedero. Primero nos dice que “El fraude de los ERE en Andalucía bebe de la impunidad del bipartidismo”, pero después nos sorprende cuando finaliza diciendo que “La impunidad del bipartidismo ha encontrado su muro en la justicia y en la política. Con todos sus problemas y pese al PP, el Estado de derecho va funcionando en España, y los tres millones de votos de Unidas Podemos son una garantía de que no se van a repetir esos comportamientos”.
Tiene, el fundador de Podemos, razones coyunturales, y quizás únicamente subjetivas, para tanto optimismo sobre el “Estado de derecho” español, que es también el de la Ley Mordaza y los presos políticos, pero “la base”, para poder compartir su esperanza, necesita respuestas a dudas como las siguientes:
¿Cómo piensa conseguir que tres millones de votos sean una garantía de que “no se van a repetir esos comportamientos”?
¿Cree Juan Carlos que una exigente limitación de mandatos que reduzca el tiempo de permanencia en política de muchos altos cargos podría ser una medida eficaz contra la consolidación de intereses creados entre políticos y empresarios, unos entramados que necesitan siempre de confianzas personales e intransferibles y que son el caldo de cultivo necesario de toda corrupción?
Tiene que creerlo, porque se trata de evidencias aceptadas por la inmensa mayoría, por mucho que no escuchemos a ningún político que defienda de verdad esa limitación de mandatos. Pero quizás él propio amigo de Iglesias podía haberse atrevido a algo más en su artículo, porque la tercera pregunta es obligada.
¿Tiene previsto Pablo exigirle a Pedro una reforma que implante la limitación de mandatos en las instituciones públicas, antes de garantizar su apoyo a la investidura?
En el documento del abrazo no hemos visto nada parecido, por lo que no es fácil imaginar en que otras “garantías” pueda estar pensando Monedero.
Las preguntas a Monedero eran inevitables, porque uno de los elementos comunes a la mayoría de los episodios de corrupción es la larga permanencia en el poder de los políticos corruptos. Además, el binomio corrupción más mucho tiempo mandando no es algo que se limite a España. El pasado jueves, día 21, Netanyahu fue acusado de corrupción, y resulta que es, precisamente, no solo el primero de los jefes de gobierno de Israel en activo que resulta imputado por delitos malolientes, sino que también es el primer ministro que más tiempo ha permanecido en ese cargo: diez años.
Los políticos son reacios a cualquier reforma que limite su discrecionalidad y sus márgenes de maniobra, un comportamiento que está en lo que se espera del instinto de supervivencia de cualquier grupo humano, que, por muchos subgrupos que lo compongan y muy enfrentados entre ellos que parezcan, siempre coinciden a la hora de acordar los privilegios que solo a todos ellos les benefician. Nadie tira piedras contra su propio tejado, salvo por error.
Pero lo que a estas alturas comienza a llamar la atención es que analistas, expertos y opinantes en general, para quienes criticar la corrupción es tanto una obligación moral como lo políticamente correcto, no decidan confabularse para promover un clamor masivo y permanente, desde las atalayas que multiplican su influencia, para reclamar la limitación de mandatos como vacuna contra la corrupción, especialmente cuando se adueñan de la actualidad casos tan evidentes como la Gurtel o los ERE.
Al igual que el grave problema de la discriminación histórica negativa que sufren las mujeres requiere temporalmente de normas como la de las listas cremallera que aseguren su presencia en la política por encima de otros criterios que no mencionamos por si acaso, el gravísimo problema de la corrupción política exige normas, estas probablemente definitivas, como la de la limitación de mandatos, aunque eso pueda significar que personas muy valiosas tengan que renunciar a continuar en sus cargos.
Pero el daño que están causando a toda la sociedad los delincuentes comunes infiltrados en las instituciones que orientan todos sus movimientos a la permanencia en sus cargos porque saben que la legislación lo permite, es mucho mayor que los beneficios que nos pueden proporcionar los honestos.
Para muestra un botón. En España tuvieron que coincidir los efectos de la mayor crisis mundial desde hacía 90 años, más los de una crisis territorial mal gestionada que había comenzado su recorrido ocho años antes, para que un presidente del gobierno fuera expulsado de La Moncloa tras una sentencia por corrupción que condenaba a su partido.
¿Podemos pensar que sería necesario tanto esfuerzo y tantas coincidencias para conseguir una mínima recuperación de la confianza de la sociedad en la política, si una exigente limitación de mandatos colocara en las expectativas de los líderes, tan actores siempre, el final de su película en una fecha conocida?
Cuando a la hora de pensar casi todo son preguntas es que hay muchos cambios que impulsar y aplicar.
Se me olvidaba, pero seguro que usted sabe bien, y a pesar de las portadas ocultadoras, «quien» es el Premio Nobel de la Paz que reclamó la libertad de los Jordi’s el mismo día que se conoció la sentencia de los ERE.
Sí, se trata de Amnistía Internacional, y venía a cuento por si lo de «presos políticos» sigue aún creando dudas existenciales destinadas, en realidad, a negar la vergüenza que sentimos de nosotros mismos.
