El Ministerio de Justicia ha recurrido a los tribunales para poder seguir ocultando el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica. El Gobierno lleva a cabo este recurso después de que Maldita.es solicitara ese documento en una petición de acceso a la información pública y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) resolviera que se debía entregar una copia del listado.
El ministerio de Dolores Delgado ha recurrido ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid la resolución en la que el CTBG daba la razón a Maldita.es. Este pleito viene acompañado de otro similar después de que El País solicitara la misma información; también haciendo uso de la Ley de Transparencia.
El informe con los bienes registrados por la Iglesia está en posesión del Gobierno desde hace casi dos años, ya que el Colegio de Registradores, que se encargó de realizarlo, lo envió el 5 de febrero de 2018 al Ministerio de Justicia, que lo recibió un día después.
Sin embargo, el Gobierno no lo ha hecho público ni lo ha entregado al Congreso de los Diputados, el órgano que les instó a elaborarlo, durante el mandato de Rajoy y con votos a favor del propio PSOE. Y ahora recurre ante los tribunales para que siga sin hacerse público.
El tiempo de espera para conocer el listado es largo; más si tenemos en cuenta que el Congreso pidió el listado en abril de 2017 y marcó de plazo al Gobierno medio año. Dos años y siete meses después de la aprobación de la proposición no de ley en el parlamento el listado de bienes sigue oculto.
El ministerio miente y dice que solicitó una copia especial del listado para informar por el “Portal de la Transparencia”, pero no han facilitado ni un sólo dato. Una de las evidencias de que el Gobierno ya contaba con el listado de bienes es que llegó a pedir una modificación de éste al Colegio de Registradores.
La Iglesia registró 35.000 bienes distintos desde 1998 sin demostrar que eran de su propiedad.
Las inmatriculaciones registradas por la Iglesia Católica sucedieron desde una reforma de José María Aznar en el 1998 hasta 2015. Durante ese tiempo la Iglesia sólo necesitaba un documento del obispado donde se mencionara el bien en cuestión para poder registrarlo.
La intención del Congreso de los Diputados para solicitar ese listado al Gobierno era la de analizarlo a posteriori y reclamar a la Iglesia la propiedad de los bienes que tuvieran inmatriculados pero que no se justifiquen como de uso o propiedad eclesiástica. Hasta la fecha nada de nada.
