Grave escándalo en la cúpula de la justicia española. Esto supone condicionar la justicia española para cinco lustros. Bien haría la delegación de Esquerra Republicana que lo dejara caer en las negociaciones con los socialistas.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emprendido una vertiginosa carrera, a pesar de estas en funciones desde hace un año, y ha nombrado o convocado las plazas de 46 presidentes de tribunales y magistrados del Tribunal Supremo que tendría que haber nombrado el próximo Consejo. En su mayoría son afines al presidente Carlos Lesmes y a los vocales nombrados a instancia del PP que gobiernan el órgano constitucional.
Los altos cargos de la cúpula judicial se renuevan cada cinco años, excepto los magistrados del Supremo que permanecen en la plaza hasta la jubilación. Y así lo hizo el actual Consejo cuando fue elegido el 4 de diciembre de 2013.
Este 4 de diciembre se cumple un año de un CGPJ en funciones. Y Carlos Lesmes, el presidente interino que maneja el poder en el órgano constitucional y dirige la mayoría afín al PP, ha impulsado una convocatoria masiva de plazas para renovar la cúpula judicial.
Tal como indica Público, dicha competencia correspondería al próximo Consejo pendiente de nombrar por las Cortes Generales y que va a tener una composición política diferente de la actual, creada cuando Alberto Ruiz-Gallardón era el ministro de Justicia del PP en tiempos de bipartidismo. La sensibilidad social y la representación política ha cambiado en el Congreso de los Diputados y el Senado.
Grave cuestionamiento
Sólo cuatro de los veinte vocales del Consejo interino se han opuesto a esta fiebre: Enrique Lucas Murillo -designado a propuesta del PNV-, así como las vocales progresistas Roser Bach, María Victoria Cinto y Concepción Sáenz.
«Acabemos con la vertiginosa carrera para agotar todos los nombramientos posibles que se ha lanzado”. Los vocales Lucas, Bach y Cinto pidieron el pasado septiembre a sus compañeros que se moderaran y, aunque consideran legal el ejercicio de estas atribuciones estando en funciones, sostienen en un voto particular que el CGPJ debe autocontenerse y evitar un “grave cuestionamiento” de su propia legitimidad.
Pero Lesmes y la mayoría conservadora han seguido adelante, con el apoyo de un sector de la minoría progresista. Sólo necesita de dos votos de la izquierda para sacar adelante los nombramientos más reforzados, y la división de los progresistas se los facilita cuando ofrece concesiones a uno u otro sector. Esto es pura podedumbre y abuso de poder. ¿Va a haber algún demócrata que pare esto?
