Familiares de los CDR tomados el 23 de septiembre en el marco de la operación Judas denunciaron ayer en el Parlamento la utilización de «métodos psicológicos de tortura» contra los arrestados y todo tipo de vulneraciones de sus derechos durante la detención y el traslado a la cárcel. Invitados por Junts per Cataluña, ERC y la CUP, el grupo de apoyo a los detenidos defendió que no se trata de terroristas, sino de presos políticos, una terminología que representantes de las tres formaciones independentistas coincidieron a secundar. «Mi hijo es sanitario, se dedica a salvar vidas, no a sacarlas. En el módulo ha hecho dieciséis servicios. Saben quién es, no lo que dicen que es», explicó el padre de Ferran Jolis.
Los familiares piden ayuda a la cámara para aprobar una propuesta de resolución en el pleno próximo que exige el traslado de los siete presos en centros penitenciarios del país, conocer de qué se acusa a dos personas más y poner fin al régimen de aislamiento de dos de los detenidos, que pasan veinte horas solo en una celda. «Es una prisión dentro de la prisión, con consecuencias psicológicas», asegura el grupo de apoyo, que reclama el archivo de la causa y que «esta pesadilla acabe pronto», en palabras de Jolis. David Rubio, tío de Jordi Ros nos cuenta: «Nuestros familiares no son terroristas, no son banda armada y no existen los hechos de que los acusan».
También hablan de intentos de interrogatorio durante el traslado y de incomunicación de los detenidos tras la detención. Cinco de ellos estuvieron bajo custodia policial durante 30 horas sin asistencia letrada y en dos casos pasaron días sin que pudieran contactar con abogados de confianza.
JxCat, ERC y la CUP confían en que la resolución, entrada al registro el viernes, tendrá el apoyo de los comunes en el marco de un gran frente antirepresivo. Específicamente, el texto habla de «represaliados políticos». «No podemos hacer otra cosa que denunciar una burda maniobra para criminalizar el independentismo vinculándolo con el terrorismo cuando todos sabemos que es cívico y pacífico», subrayó la diputada de JxCat Aurora Madaula. La aprobación de la resolución quiere facilitar que los presos puedan recurrir a instancias internacionales. “En la justicia europea es donde encontramos realmente justicia», constató Madaula. “Son represaliados políticos dentro del marco de la causa general contra el independentismo pacífico y democrático y, por tanto, estas siete personas son presos políticos, los persiguen por sus ideas», afirmó el diputado del grupo republicano y dirigente de Demócratas Antoni castellano. José Rodríguez, de ERC, lamentó la banalización del terrorismo por parte de la justicia española y Maria Sirvent (CUP) ve una «operación de Estado» y una «instrumentalización del delito de terrorismo».
