Represión policial Marca España. La Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir una investigación por agresiones dentro del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona, en 2017, e investigar los agentes involucrados en el caso.
En una grabación de vídeo aportada al caso se puede ver como varios agentes de la Policía Nacional golpean con la porra algunos de los internos.
La agresión ocurrió el mismo día en que hubo un intento de fuga de un grupo de internos del CIE, en el que cuatro agentes resultaron heridos. Según la denuncia presentada por tres víctimas del caso, los agentes les agredieron como represalia.
El caso había comenzado a instruirse a raíz de una primera denuncia ante el juzgado de guardia, por un delito de lesiones y otro contra la integridad moral. La presentaron tres internos a través del centro iridio de Defensa de los Derechos Humanos y de la plataforma Cerramos los CIE.
Acusaban a los agentes de haberles pegado, insultado y amenazado con la luz apagada, y también de haberlos cerrado con llave durante más de tres horas. La denuncia, sin embargo, fue archivada por el juez José Julián García de Eulate, al entender que había una falta de actuaciones que justificaran «la perpetración del delito».
Ahora, la Audiencia de Barcelona ha puesto en duda la decisión del archivo, que considera «prematura», con el argumento de que «no se han agotado todas las posibilidades de investigación de los hechos». Considera que «existe la posibilidad de que el uso de la fuerza por parte de la policía esté desconectado temporalmente del intento de fuga».
Y añade: «Las únicas diligencias de investigación practicadas en la presente causa provienen de la misma institución encargada de la custodia de los denunciantes y donde presuntamente ocurrieron los hechos denunciados, lo que es claramente insuficiente.»
La sección 21 de la Audiencia ha acordado estimar el recurso. Por eso ha ordenado localizar y tomar declaración a los tres denunciantes «a través del oportuno auxilio judicial internacional», y tomar declaración, como imputados, a los policías nacionales implicados en el caso.
Se da la circunstancia que actualmente ninguno de los tres denunciantes son en territorio español, porque fueron deportados a sus países de origen en aplicación de la ley de extranjería.
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