¿Qué pueden ocultar las pruebas encriptadas del excomisario Jose Manuel Villarejo para tal disparate judicial? De qué tiene miedo el Estado español? La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la prórroga de prisión provisional por un máximo de otros dos años, hasta el límite de cuatro, para el comisario jubilado, José Manuel Villarejo Pérez, uno de los grandes valedores de las altisimas esferas empresariales y de poder del Estado español.
Curiosamente desde hace unos dos años investigado en la denominada operación Tándem por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, revelación de secretos, falsedad documental, tráfico de influencias, encubrimiento, extorsión y contra la hacienda pública.
En un auto, los magistrados de la Sección Tercera desestiman el recurso presentado por Villarejo contra la decisión del instructor de este procedimiento, Manuel Garcia Castellón, del pasado 28 de octubre, en la que acordó dicha prorroga de la situación de prisión provisional.
La Sala señala que la medida cautelar de prisión provisional, muy de #MarcaEspaña, debe ser prorrogada pues persiste el riesgo de fuga y “su aparente capacidad para hacerlo”, tanto por las conexiones en el extranjero como por la capacidad económica que se le atribuye en los oficios policiales.
También resuelve que la medida es necesaria para evitar la alteración u ocultación de pruebas dado que hay diligencias de instrucción pendientes de finalizar y material intervenido que no ha sido analizado totalmente, así como para evitar la reiteración delictiva asegurando que el investigado no pueda servirse de sus actividades empresariales para reincidir.
El Tribunal no considera que la prórroga de la prisión vulnere el derecho del comisario a ser juzgado en un plazo razonable ni de disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa, como contempla el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pero otra vez los vulnera.
La sala sostiene que “Es la medida cautelar adecuada a las condiciones particulares del apelante justificando la dimensión de la investigación el tiempo que se está invirtiendo en ella, que precisa cooperación judicial internacional y el análisis de material informático encriptado, entre otros, que lleva tiempo”.
Una exposición demasiado partidista para tener a un ciudadano, como mínimo, cuatro años en carcel preventiva sin juicio alguno. Una vez más, como el caso del Procés, o del expresident Sandro Rosell, que despues tuvo sentencia favorable, y los que quedan, mientras exista una justicia politizada…
