Los hechos, según relata el Tribunal Supremo, ocurrieron en la aldea onubense de El Rocío, en la localidad de Almonte. Los dos agentes acudieron a las inmediaciones de la Ermita avisados de la presencia de un jinete galopando entre la gente poniendo en peligro a los viandantes. Una vez allí emprendieron la persecución del individuo hasta que éste cayó del caballo.
Fue entonces cuando el guardia civil se quedó sujetando el caballo y su compañera se acercó al jinete, siendo agredida por éste primero con una fusta y después con una navaja. Una pelea que el agente observó impasible mientras sujetaba al caballó, interviniendo sólo para engrilletar al agresor cuando un agente de Policía Nacional, que no estaba de servicio, acudió en su ayuda.
Una pasividad que ahora el Tribunal Supremo ha traducido en una sanción de un año de suspensión de funciones, confirmando la falta muy grave de «omisión urgente de auxilio» que le impuso en un primer momento el Tribunal Militar Central. «La situación era tan evidentemente inadecuada que una tercer persona, un Policía Nacional fuera de servicio, interviene en ayuda de la Guardia Civil», dijo la Justicia militar.
