Escandalo judicial a la vista por conocerse ahora, si España fuera un país democrático. Como mínimo revisable en su reflexión y diferente de lo que se exponia y vendía hasta hoy. Y no porque fuera intuida, desde los demócratas independentistas por la casposa politización de la justicia española, es menos dolosa.
Tres magistrados del Tribunal Constitucional (TC) sostienen en un voto particular que el mantenimiento de la prisión preventiva del exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras anuló sus derechos políticos y consideran que se debían haber evaluado otras medidas de control menos lesivas.
En su voto particular discrepante a la sentencia en la que el TC rechazó el amparo a Junqueras, Juan Antonio Xiol, María Luisa Balaguer y Fernando Valdés, del sector progresista, señalan que la decisión del juez Pablo Llarena de mantener en preventiva al líder de ERC vulneró su derecho a ejercer sus funciones representativas, en concreto el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes.
«Puede decirse, pues, que el derecho de representación política del recurrente se veía anulado», sostienen los magistrados, para quienes «el derecho controvertido […] afecta a la estructura del sistema democrático», y que creen que Llarena no ponderó suficientemente «la afectación del derecho de representación política».
En contra de sus nueve compañeros del pleno, los tres estiman que era «necesario» valorar «si era posible adoptar medidas alternativas que paliaran la restricción del ejercicio del derecho de representación política respetando el principio de proporcionalidad con respecto a la necesidad de salvaguardar los fines del proceso penal».
La sentencia, cuyo contenido íntegro ha sido dado a conocer ahora, supuso por primera vez la ruptura, atención, a la unanimidad de los doce magistrados del TC. Estos se habían mantenido, extrañamente o no, en aveniencia hasta este momento, en los asuntos relacionados con el conflicto independentista y los presos políticos.
A juicio de estos magistrados «era posible adoptar una decisión que, aun no enervando totalmente el riesgo que se intentaba controlar con el mantenimiento de la prisión provisional, fuera menos lesiva para los intereses constitucionales vinculados al derecho de representación política del recurrente». Al optarse por no aplicar estas medidas, su derecho «se veía anulado», añaden.
Salen a la luz esas opiniones juridicas de los tres magistrados del TC muy tarde. Al ser discordantes sobre las actuaciones judiciales del Juez Plablo Llarena desde el TS, posiblemente no lo hayan hecho por miedo al sistema político-judicial español, o por la alargada sombra de Estrasburgo y las resoluciones pendientes…
