Se pone interesante. La justicia belga ha convocado el 20 de febrero una nueva vista por la demanda civil del presidente Carles Puigdemont y los consellers Toni Comín, Mertixell Serrat, Lluís Puig y Clara Ponsatí contra el juez instructor de la causa contra el Procés, Pablo Llarena.
Los exiliados denunciaron en junio de 2018 el magistrado del Tribunal Supremo español a los tribunales belgas en considerar que violó su libertad de expresión, los procedimientos judiciales y la presunción de inocencia en la instrucción del caso del 1-O. El litigio estaba en fase de alegaciones escritas desde marzo, pero que acababa ahora a finales de año.
De hecho, en marzo la defensa de Puigdemont amplió en España la demanda contra Llarena y extendió el objeto del caso a las actuaciones de Llarena como juez, después de que España decidiera personarse en el caso para defender magistrado. La demanda también incluía una petición de pregunta a prejudicial al Tribunal de Luxemburgo sobre la competencia de los tribunales belgas para juzgar un magistrado de otro estado miembro en el marco del espacio común de justicia europeo establecido en los tratados.
