No podía ser de otra manera, España lo vendió. Julian Assange no autorizó que las cámaras de la empresa española de seguridad UC Global SL. que vigilaban la embajada de Ecuador en Londres en la que permaneció recluido siete años grabaran las conversaciones que mantuvo con sus abogados, según la declaración que ha prestado por videoconferencia desde la Corte de Justicia de Londres ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. El ciberactivista reiteró que no tuvo conocimiento ni facilitó el espionaje, desvelado por EL PAÍS, al que fue sometido él y también sus visitas.
A preguntas del fiscal Carlos Bautista y de su abogado en España Aitor Martínez, Assange relató que las cámaras de seguridad instaladas en la legación diplomática fueron cambiadas a finales de 2017. Describió sus sospechas de que estaba siendo espiado por el personal de UC Global SL. y, según su relato, preguntó si las nuevas cámaras tenían audio, a lo que le respondieron negativamente. El australiano, de 48 años, negó que hubiera dado permiso a la empresa española a facilitar a terceros toda la información que se registraba sin su consentimiento.
De la Mata ha interrogado a Assange en el marco de una Orden Europea de Investigación (OEI) que su juzgado tramitó a Londres el pasado 25 de septiembre. En la descripción de los hechos, el magistrado argumentó que David Morales, dueño de la empresa UC Global SL. “invadió la privacidad de Assange y sus abogados mediante la colocación de micrófonos dentro de la Embajada de Ecuador en Londres sin el consentimiento de los afectados”. El juez esgrimió que la información obtenida por esta vía fue distribuida a otras personas e instituciones, entre las que estaban “autoridades de Ecuador, así como agentes de Estados Unidos”.
El fundador de Wikileaks fue trasladado desde la cárcel de Belmarsh, en la que está recluido desde el pasado abril, hasta la Corte de Justicia de Westminster desde donde se celebró el interrogatorio por videoconferencia. En los alrededores del edificio se concentraron decenas de personas que pedían su puesta en libertad y rechazaban su entrega a EE UU, que reclama su extradición. La Justicia estadounidense acusa a Assange de 18 delitos que suman 175 años de cárcel por las informaciones que desveló su organización sobre material clasificado de operaciones militares secretas en Afganistán e Irak.
