La investidura de Pedro Sánchez pende ahora del pronunciamiento de la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, acerca de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad de Oriol Junqueras.
ERC ha exigido, como mínimo para seguir las negociaciones, que la Abogacía se pronuncie sobre si Junqueras debe ser puesto en libertad provisional para tomar posesión de su escaño. La respuesta está en plena elaboración, aunque fuentes socialistas creen que la institución previsiblemente se inclinará, sin necesidad de forzar su doctrina previa, por apoyar la excarcelación temporal.
El Gobierno en funciones, el PSOE, ERC y también el PP, están pendientes de la Abogacía del Estado. Esquerra está a la espera del pronunciamiento de la Abogacía, sí o sí, y no solo eso, para levantar el parón que impuso el jueves a las negociaciones con el PSOE sobre la investidura.
En Madrid, además, se siguió este sábado el desarrollo del congreso del ERC con la máxima atención. La información que los socialistas recibieron durante la mañana les hacía pensar que la posibilidad de acuerdo avanzaba con paso firme, al margen de declaraciones públicas y de los textos aprobados.
A nadie extrañó en el Ejecutivo que ERC no renuncie a celebrar un referéndum de independencia: ese es su programa, se limitaron a señalar fuentes gubernamentales. Y si ERC se mantiene contundente en la decisión del TJUE y el PSOE hace los deberes, haciendo cumplir a la Abogacia con las ordenes que provienen de Europa, se podrá continuar. Si no, Pedro Sánchez habrá fracasado.