La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), ha denunciado que una quincena de normas que afectan a los guardias civiles se encuentran actualmente paralizadas. Así lo ha hecho saber esta agrupación profesional mayoritaria en el cuerpo, en un escrito remitido a la Dirección General, dependiente del ministro Fernando Grande-Marlaska.
En concreto, AUGC acusa en su escrito a alto cargo político de aparcar ‘sine die’ la Orden General de policía, “el aspecto físico y el trato con la ciudadanía”. La norma, que prohibía los tatuajes y establecía qué tipos de cortes de pelo, recogidos y barbas debían llevar los funcionarios de la benemérita, fue retirada por Interior tras la polémica que suscitó un borrador filtrado a los medios.
Este último aún está pendiente de que el Consejo de la Guardia Civil emita el preceptivo informe, por lo que técnicamente continúa en marcha, aunque en la práctica se encuentra guardado en el cajón. La misiva exige el desbloqueo de todos estos borradores, que se encuentran en diferentes momentos de tramitación y que repercuten directamente en la actividad diaria de los funcionarios.
Restricciones
Ahora mismo, critican desde AUGC, que la normativa es excesivamente restrictiva. «Supone en la práctica la limitación total para desempeñar otra actividad profesional, dada la cantidad de limitaciones que recoge», apuntan desde la asociación, que se refiere también al proyecto de orden que establece el modo de detectar si el personal del cuerpo ha consumido drogas o alcohol, que ahora mismo está estudiando la Dirección General y que también está por aprobar.
La exclusión de la víctima, en las resoluciones sobre acoso laboral y sexual o por razón de sexo, la falta de contenido de la normativa sobre uniformidad o la ausencia de datos sobre el texto legal que regulará los centros docentes y actividades formativas del cuerpo también son otras críticas que hace AUGC a otras tres normas aún no aprobadas.
Y que igualmente sigue paralizado es el que se refiere a la jornada laboral de los guardias civiles, que viene a regular su horario, sus incentivos y sus vacaciones. Lo hace después de que el propio director de la corporación, Félix Azón, anunciara en el último consejo -órgano que reúne a asociaciones y representantes ministeriales para tratar asuntos laborales- su intención de prolongar la situación de pasividad hasta nueva orden. La Guardia Civil tiene exigencias, se verá si cede o no, el Ministerio socialista.
