Irene Montero y Podemos, estarían tratando de llegar a un acuerdo con su escolta a cambio de 50.000 euros en la demanda que esta trabajadora interpueso contra la posible fututa portavoz del Gobierno. Según indica OkDiario esta escolta demandó a la formación por «trato discriminatorio» para evitar que su número dos tenga que ir a juicio ya como ministra.
La que fuera escolta de los Iglesias asegura que era chófer de familiares y amigos, mecánica del parque de vehículos y chica de los recados ‘full time’. Por lo que reclama, un total de 30.570,92 euros por “horas extraordinarias no abonadas” y otros 2.100,65 euros en concepto de “horas nocturnas”, como importe que la escolta de Irene Montero reclama a Podemos por los servicios prestados fuera de su horario laboral y que según dice, no ha cobrado hasta la fecha.
Montero está citada como testigo el próximo día 20 de enero a las 9.00 de la mañana en el juzgado de lo social número 3 de Madrid por el caso del despido improcedente de su escolta, a la que convirtió en chófer de familiares y amigos y mecánica de sus vehículos particulares. El magistrado titular fijó la vista laboral ante la imposibilidad de que las partes llegasen a un punto de encuentro en el acto de conciliación que se celebró el 20 de noviembre, en el Juzgado de refuerzo.
Según este digiatal, ya había fracasado un primer intento el 26 de agosto, en la sede del Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación (SMAC). Un trámite obligatorio en el ámbito laboral antes de que se celebre juicio. Pero la número dos de la formación liderada por Pablo Iglesias, socio de Gobierno de Pedro Sánchez, no quiere que nada enturbie su llegada a la futura cartera que ocupará en el Ejecutivo de coalición que, previsiblemente, saldrá conformado tras la segunda votación de la investidura fijada el 7 de enero.
Si no hay cambios de última hora, Montero tendrá que explicar ya como ministra, ante el magistrado titular de lo social número 3 de Madrid, por qué la escolta fue contratada directamente por Podemos -en contra de los requisitos que exige la ley- y responder de su «trato discriminatorio». Por ello, las instrucciones a los abogados son claras: llegar a un acuerdo para que la trabajadora renuncie a la vía judicial y firme un documento de confidencialidad.
