Según ha informado el propio órgano a través de un comunicado, la decisión de este viernes de la Junta Electoral Central de ejecutar la inmediata inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha decantado por un solo voto. Hasta 6 de sus 13 componentes se han opuesto a la medida al considerar que la administración electoral carecía de competencias y, por tanto, debían rechazarse los recursos presentados por PP, Cs y Vox.
De los miembros que han anunciado su voto en contra, tres son jueces del Tribunal Supremo y tres son catedráticos, lo que evidencia la división que se ha vivido en los dos grupos de profesionales que la componen. Estos miembros del JEC pertenecen a diferentes idologías con mayoria de derechas, como el Supremo o el Constitucional, tienen ideologias políticas de caracter españolista, pero no tienen poder jurico como estos. Así lo ha recordado la Portavoz en el Congreso Adriana Lastra del PSOE.
Sin precedentes a nivel de Gobiernos autonómicos -aunque sí se han cesado en el pasado por esta vía a, al menos, cuatro alcaldes-, la decisión ha llegado tras horas de intenso debate en un órgano que se nutre de dos tipos de especialistas. El máximo órgano electoral lo integran ocho magistrados del Tribunal Supremo designados a instancia del Consejo General del Poder Judicial; y cinco catedráticos en activo de Derecho, Ciencias Políticas o Sociología, nombrados por el Congreso a propuesta de los partidos.
En el primer grupo se ha impuesto el sí a la destitución exprés del president de la Generalitat. Cinco de los jueces del alto tribunal han votado a favor: Francisco José Navarro, Eduardo de Porres y Ana María Ferrer (considerada esta última, por ejemplo, del sector progresista); además del propio presidente del órgano, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, y la vicepresidenta, Inés Huerta. En contra se han posicionado, por su parte, Antonio Vicente Sempere, María Luz García Paredes y José Luis Seoane.
Entre los catedráticos ha triunfado, en cambio, la oposición a la medida. De los cinco vocales de este tipo, tres la han rechazado: Inés Olaizola, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Pública de Navarra y propuesta en su día por Podemos; Consuelo Ramón Chornet, catedrática de Derecho Internacional Público de la Universitat de València y avalada por el PSOE; y Juan Montabes, catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Granada y también respaldado por los socialistas, en cuyas filas milita.
Por su parte, los dos que han apoyado la destitución son Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), que contó con el apoyó del PP; y Silvia del Saz, catedrática de Derecho Administrativo de la UNED y propuesta por Ciudadanos -aunque también fue directora general del Suelo de la Comunidad de Madrid cuando presidía la región Esperanza Aguirre-.
La deverguenza ha llegado cuando esos miembros del PP han avisado a Pablo Casado para que dieran la noticia de la inhabilitación de Junqueras antes que lo hiciera la JEC. Un organo politizado como este, a la altura de los tribubales superios de España no puede dictaminar a quien inhabilita y a quien no.
Otro recurso del PP a la Junta Electoral Central consigue que Junqueras no sea eurodiputado, y por tanto siga en la cárcel sin viajar a Bruselas, como pretendía el informe del Gobierno de Sánchez. A cada cesión a los separatistas responderemos con la firmeza del Estado de Derecho
— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) January 3, 2020
El líder del PP, Pablo Casado, avanzó la información en un tuit antes de que la JEC hiciera pública su resolución https://t.co/nc5p64Horj
— Público (@publico_es) January 3, 2020
Inés Arrimadas de Cs sabía por un filtración cual sería el resultado y ya tenía el Tuit preparado.
Mientras Sánchez presiona a la Abogacía del Estado para defender a Junqueras, la Junta Electoral nos da la razón porque la LOREG es muy clara: un condenado en firme por sedición no puede ser cargo público. Seguimos defendiendo nuestra democracia ???? https://t.co/d266Kau6aa
— Inés Arrimadas (@InesArrimadas) January 3, 2020
La brecha abierta este viernes en el seno de la Junta Electoral Central resulta más profunda que la surgida en abril del pasado año, cuando el órgano aprobó excluir a Carles Puigdemont y a Toni Comín de las listas para las elecciones europeas. Entonces, solo cuatro de los vocales votaron en contra de una decisión que anularía después la justicia ordinaria.
El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ha cargado duramente este viernes contra la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) de inhabilitar a Torra como presidente de la Generalitat de Cataluña, y ha calificado al órgano arbitral de «reaccionario brazo judicial» de la derecha.
