Brutal información desde el departamento de anticorrupción. Casi una década de investigación, primero en Luxemburgo y después (los últimos siete años) en España, está destapando la que quizá sea la mayor red de corrupción del Estado conocida hasta la fecha.
Según publica El Mundo, sólo en cifras, el caso de la empresa española estatal de exportación de armas anda ya cerca de duplicar los 123 millones exigidos como responsabilidad pecuniaria por el caso Gürtel. Porque la empresa pública Defex, disuelta por el último Gobierno de Rajoy ante la imposibilidad de sobrevivir al escándalo, ya cuenta con unos 220 millones desaparecidos.
Al parecer los últimos 100 millones precisamente se han descubierto hace relativamente poco, en la fase final de una de las ramas que se investigan: la de 11 contratos de venta de armamento con Arabia Saudí. Aparte se han investigado contratos en Angola, Egipto y Camerún.
La Fiscalía Anticorrupción ha remitido este pasado miércoles su escrito de acusación por esa pieza relativa a Arabia, donde se da cuenta de diversas prácticas corruptas en las transacciones comerciales internacionales desde 2005 hasta el 2014, pero con menciones a un periodo mucho más amplio, que comienza en 1991.
Arabia Saudí es uno de los grandes clientes de España en diversos ámbitos, sobre todo en infraestructuras (el AVE a La Meca) y material de defensa (corbetas de Navantia, bombas…). Y es en esta última parte del material de defensa donde el Estado español desplegó prácticas muy oscuras.
Según relata el fiscal Conrado Saiz en su escrito dirigido al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, las investigaciones de estos años han acreditado que hubo 11 contratos en los que se pagaron sobornos a funcionarios saudíes, entre los que se ha identificado sin duda al que fue agregado militar en la Embajada de Arabia Saudí en España entre 2005 y 2014, Al Shamuary.
Empresas pantalla
Los agentes de la UCO, que se han encargado de la investigación de estos 11 contratos, han descubierto una maraña de empresas pantalla repartidas por distintos paraísos fiscales cuyo único fin sólo podía ser despistar. El empresario privado acusado en esta pieza saudí es Álvaro Cervera, junto a los omnipresentes en toda la causa Manuel Iglesias Sarriá, José Ignacio Encinas y Ángel María Larumbe, antiguos responsables de Defex. Algunos de ellos pedían a sus testaferros «vino» cuando necesitaban efectivo.
El fiscal Saiz acusa a ocho personas físicas y cuatro empresas (entre ellas la propia Defex, claro) de cinco delitos: «corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delito continuado de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal».
Gonzalo Boye ha sentenciado:
Uf… el cabreo que se va a pegar España Global:
Anticorrupción desvela que España ha estado 25 años pagando sobornos en Arabia Saudí https://t.co/AWIpegQ6t6
— Gonzalo Boye (@boye_g) January 9, 2020
