Este miércoles toca examen de Derechos Humanos. España se somete al Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que cada cinco años analiza el grado de cumplimiento de los derechos humanos en España y evalúa el progreso, o retroceso en estos asuntos. España se ha sometido previamente a este examen en 2010 y en 2015. Será Fernando Valenzuela Marzo, Secretario de Estado Asuntos Exteriores, quien este miercoles quien acuda al Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza) encabezando la delegación española para someterse al mecanismo.
El proceso de preparación del examen está basado en tres documentos tal como recoge Público. Por un lado, una compilación de diez páginas preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) que contiene información de los órganos de tratados, como el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas; los procedimientos especiales, y las agencias de las Naciones Unidas como UNICEF. Por otro, un resumen de diez páginas, elaborado también por la OACDH, que contiene las denuncias y aportaciones de la sociedad civil; y, por último, un informe de 20 páginas elaborado por el Estado español en el que informa sobre las acciones que está llevando a cabo para cumplir con sus obligaciones en derechos humanos.
Ads by Teads Los informes recogen la preocupación «por los actos de violencia ocurridos en Catalunya el 1 de octubre de 2017»
Así, los informes elaborados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas recogen, entre otros asuntos, su preocupación «por los actos de violencia ocurridos en Catalunya el 1 de octubre de 2017»; la queja del Comité de Derechos Humanos por «las denuncias de uso excesivo de la fuerza, incluidas torturas y malos tratos, por parte de agentes del Estado, en particular en el marco de protestas ciudadanas»; la denuncia varios órganos de la ONU por la persistencia de las «expulsiones en caliente»; o las preocupaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por «la tasa de desempleo», «las contrataciones temporales» o la «vulneración» del derecho a la vivienda. Asimismo, en la larga lista de preocupaciones también aparece, de nuevo, la impunidad del franquismo entre las preocupaciones y denuncias de organizaciones como la sociedad civil.
Respecto a la denuncia de la impunidad franquista, el informe del Estado español vuelve a señalar que los crímenes del franquismo no pueden ser juzgados debido a la prescripción de los delitos, la Ley de Amnistía de 1977 y los principios de legalidad y no de retroactividad de la ley penal. Asimismo, también recoge la creación de la Dirección General de Memoria Histórica (ahora elevada a Secretaría de Estado), que trabaja en «el desarrollo de acciones formativas sobre Memoria Histórica, en la actualización el Protocolo de actuación en exhumaciones y en la redacción de un Real Decreto que regule la creación de un Censo Nacional de Víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y en el diseño de un Plan Estatal de Memoria Histórica que abordará la realización de planes de búsqueda, localización, exhumación e identificación de desaparecidos»…
