Cuando se da una reclamación justa, cuando no escuchar la voz del pueblo provoca una protesta, la actitud que debería tomar un gobierno democrático que lo fuera realmente, es la del diálogo; analizar las raíces del problema para aplicar la solución oportuna. Los gobiernos democráticos saben que los problemas provocados a los trabajadores no se pueden resolver a palos, que, a lo sumo, se enquistan y tanto la autoridad como los cuerpos policiales pierden credibilidad y prestigio.
El PNA apoya con toda firmeza las justas reivindicaciones de los campesinos andaluces, condenados a la pobreza, y a la miseria, por las condiciones leoninas en que se les está obligando a trabajar. Los pequeños propietarios no pueden soportar que el precio impuesto al producto de su trabajo, ni siquiera cubra los costes de ese mismo trabajo, en este caso el cultivo, la extracción y envasado de aceite de oliva.
Por todo ello sentimos repulsa a la respuesta dada por la autoridad (in)competente a la protesta, justa y proporcionada, con métodos represivos brutales, que lejos de situarnos en un Estado democrático y conciliador, recuerdan regímenes que deberían estar superados, por su autoritarismo y arbitrariedad. Los cuerpos de seguridad del Estado deben estar para la protección del pueblo. Y aunque sea deber suyo –también- el mantenimiento del orden, el cobarde recurso a la acusación de “desorden” sobre un colectivo -que está sufriendo un abuso inadmisible, con la imposición de precios finales incapaces de cubrir el costo- es incapaz de superar un mínimo planteamiento democrático.
En consecuencia, exigimos al gobierno del reino de España cesen de inmediato los ataques y detención de quienes sólo reclaman un medio de vida, y se sienten a negociar con las partes implicadas, para que los trabajadores del olivar no se vean obligados a abandonar su actual y noble trabajo y a cambiarlo por una nueva oleada de emigración en busca de algún medio que, cuando menos, les permita subsistir. Los andaluces ya hemos sufrido demasiado con ese tratamiento inhumano, que ha llevado a varios millones a buscar fuera su sustento y esperamos que un gobierno que presume de “progresista”, no siga manteniendo unas condiciones y un estilo más propio de una dictadura. Los gobiernos del PSOE, tanto estatal como autonómico, han hecho ya suficiente daño a Andalucía, por lo que les reclamamos cesen la represión. Y, una vez más, exigimos a la Junta de Andalucía se ponga al frente de la defensa del campo andaluz.
