El megaproyecto hidroeléctrico de la Presa de Hidroituango, que construye Empresas Públicas de Medellín (EPM) en el río Cauca cuenta con inversiones e implicaciones de varias empresas españolas. Cuando finalicen las obras (ya se ha superado el plazo inicial previsto, finales de 2018), será una de las represas de mayor tamaño de América Latina y la primera de Colombia, donde aportará el 17% de la energía eléctrica. En un acto recientemente celebrado en Bilbao, están intentando contactar con todos los organismos financiadores para contarles de primera mano los impactos humanos, sociales y ambientales, así como los despojos y violencias que está generando la construcción.
Según indica Público, el BBVA participó en un préstamo corporativo a la empresa EPM en el año 2012 que ha tenido diferentes desembolsos a lo largo del tiempo. Lo que aún no ha aclarado la entidad financiera pese a la insistencia es la cantidad invertida. Por su parte, en el caso del Banco Santander se concretó una cita en Bogotá a la que los activistas no pudieron acudir porque implicaba un viaje de 15 horas en autobús.
Genaro Graciano del colectivo ‘Ríos Vivos’ asevera que «Íbamos a ver desarrollo y solo vemos violencia»; «los ríos son para la vida, no para la muerte»; «cuando cortan un río cortan todo un territorio»; «nos han quitado todo, hasta el miedo». Son las algunas sentencias que dejaron a su paso por la capital vizcaína tanto Graciano como Milena Florez, también defensora de Ríos Vivos. Los dos han pasado una temporada en España como parte de sendos proyectos de protección a personas cuyas vidas corren peligro por su lucha en defensa de los derechos humanos.
En este descomunal proyecto, está previsto que la represa cuente con un muro de 225 metros de altura, que embalse 2.700 millones de metros cúbicos de agua, que se extienda durante 79 kilómetros de largo por 560 metros de ancho y que inunde 4.550 hectáreas de bosque seco tropical, un ecosistema en peligro. Afecta así a 27 municipios de cuatro departamentos y a unas 500.000 personas aguas abajo. Lo que significa que no se ha tenido en cuenta en absoluto la devastación que va a provocar.
Destrucción de caminos, afecciones a casas, aguas que se profundizaban y ya no eran accesibles para la población, grandes explosiones, mucho polvo que provoca enfermedades pulmonares, desalojos forzosos sin compensación, bloqueos al movimiento de personas y pérdida de medios de vida son algunos de los impactos que relata Milena Florez, quien está ahora en Barcelona, donde permanecerá hasta finales de febrero. Ríos Vivos ha denunciado en repetidas ocasiones las amenazas, intimidaciones y violaciones de derechos que han sufrido sus integrantes, sin olvidar que seis de ellos han sido asesinados.
El 28 de abril de 2018 está marcado en rojo en la historia de Hidroituango, del río Cauca y de la población de la zona. Un corrimiento de tierra obstruyó los túneles de desvío del río y hubo importantes torrentes de agua que se llevaron por delante casas, puentes y la forma de vida de muchas personas. Las imágenes, que aún se mantienen vivas a través de varios vídeos subidos a YouTube, son demoledoras.
Esta tragedia, desplazó a más 13.000 personas y arrasó con Puerto Valdivia. Donde quedaron patentes los fallos del proyecto y la vulnerabilidad geológica de la zona, tal y como ha corroborado la Contraloría. Además de soportar gravisimos daños medioambientales, el río ha sufrido periodos de desecación, generando problemas de acceso a la agua a la población y la muerte de miles de peces.
Para la activista Milena Florez de Rios Vivos. «Esta obra no es viable ni económica ni financieramente. Después de la tragedia de 2018 se van a tardar 35 años en generar ingresos. Dicen que es energía limpia y renovable a costa de la vulneración de nuestros derechos humanos y del derecho ambiental».
Según Ríos Vivos, solicitarán una investigación para establecer si el Banco cumplió o no con los estándares sociales y ambientales a los que está obligado, y si hay una relación entre ello y los graves daños sufridos por las comunidades afectadas. Estamos ante un caso más de intereses financieros por encima de la viabilidad del proyecto, tanto económico, como lo que es peor, de sostenimiento territorial como humano, en el que España participa como suele ser habitual con su #EspañaGlobal.
