Justicia #MarcaEspaña, ocultando a la más que corrupta Trama Gürtel. Han transcurrido cinco años y aún no hay visos de que exista fecha para el juicio sobre la contabilidad opaca del Partido Popular, la famosa caja B con la que se pagaban en negro sobresueldos de la cúpula de esta formación política y hasta se remodeló la sede central del partido en Madrid.
En 2015 el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata dictó el auto de apertura de juicio oral, tras dos años de instrucción de la pieza sobre la caja B del PP, que había sido separada del caso de corrupción Gürtel dos años antes al conocerse esta contabilidad con los papeles del extesorero del partido Luis Bárcenas.
La Sala de lo Penal del tribunal que preside Concepción Espejel -recusada en todas las piezas del caso Gürtel- aún no ha fijado una fecha para el inicio de la vista oral. Y la composición inicial del tribunal ha sido desmantelada a base de sucesivas recusaciones.
La Cadena Ser adelanta que entre 2013 y 2015 el Gobierno entonces presidido por Mariano Rajoy gastó 500.000 euros de los fondos reservados para que el comisario jubilado José Manuel Villarejo y el resto de la llamada política política espiara a Bárcenas e intentaran recabar pruebas comprometedoras para los entonces dirigentes del PP.
Los 500.000 euros fueron empleados para sobornar al exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos, en los dispositivos necesarios para colocar cámaras espía y micrófonos en el domicilio de la madrileña calle General Díaz Porlier, donde el extesorero guardaba documentación del caso, y en los seguimientos a la familia y hasta a la empleada del hogar.
Y lo más significativo, los investigadores sostienen que con ese dinero también se pagó al falso cura que secuestró a punta de pistola a la esposa y al hijo de Bárcenas, para conseguir pruebas de la caja b.
