El excomisario aportó al BBVA información reservada siguiendo las instrucciones que «de forma opaca» llegaron de la presidencia del banco
La Fiscalía Anticorrupción sostiene en un informe de noviembre de 2019 que Francisco González fue la persona que, en virtud a su cargo como presidente ejecutivo del BBVA, ordenó la contratación de los servicios del comisario jubilado y en prisión José Manuel Villarejo, todo ello «a sabiendas de su ilicitud y al margen de las políticas de la entidad sobre contratación de proveedores».
Así consta en un documento, al que ha tenido acceso Europa Press, fechado el 11 de noviembre de 2019 en el que los fiscales del ‘caso Villarejo’, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, detallan la relación contractual entre el BBVA y CENYT, la empresa que dirigía Villarejo hasta su detención en noviembre de 2017.
Los fiscales pidieron en este informe la citación de González al considerar que el que fuera presidente del BBVA encargó a los directores generales de los Servicios Jurídicos y de Riesgos la contratación de Villarejo, utilizando como mediador a Julio Corrochano, director de seguridad del BBVA y, con anterioridad, también destacado mando de la Policía.
Los investigadores realizan esta afirmación en base al conjunto de las diligencias judiciales practicadas, «especialmente la documental incorporada, los informes forensic preliminares y las declaraciones judiciales prestadas por el investigado Antonio Béjar González», directivo del BBVA.
Se refieren en concreto a la utilización por parte de Villarejo de «medios ilícitos para la obtención y acceso a información reservada de particulares con vulneración de sus derechos fundamentales», sosteniendo que la decisión se adoptó por el «órgano ejecutivo» del BBVA «ya que habría sido ordenada dicha contratación, y de forma opaca, por la propia Presidencia del banco».
«La preponderante participación de Julio Corrochano Peña vendría determinada por haber recibido directamente del entonces Presidente de BBVA Francisco González Rodríguez el encargo de gestionar las contrataciones con CENYT por sus vínculos personales con José Manuel Villarejo Pérez», añade el informe de Anticorrupción, que apunta a la relación con otros policías, «especialmente el Jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Información, Enrique García Castaño», conocido como ‘El Gordo’.
Los fiscales aluden a las declaraciones judiciales de imputados para subrayar la implicación de González en la relación contractual con Villarejo, entre otras cuestiones porque el BBVA es una «entidad muy jerarquizada en la que únicamente pudieron efectuarse tales contrataciones durante todos esos años bajo la superior dirección y supervisión del Presidente Francisco González».
De acuerdo a este informe, el primer contrato con CENYT se firmó el 2 de diciembre de 2004 y fue el propio Julio Corrochano quien firmó el documento de resolución de la relación contractual el 14 de noviembre de 2017. Villarejo y su socio Rafael Redondo fueron detenidos días antes, el 3 de noviembre de 2017.
DECLARACIÓN EXCULPATORIA ANTE EL JUEZ
En su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, celebrada el 18 de noviembre del pasado año y a cuya grabación ha tenido acceso Europa Press, González reconoció que autorizó la contratación de una agencia de detectives, a propuesta de Corrochano, para investigar quiénes eran los responsables de Sacyr que querían hacerse con la entidad y cuánto representaban en acciones.
Sin embargo, el expresidente de BBVA asegura desconocer que se trataba de la empresa Cenyt, del excomisario Villarejo, como tampoco sabía si dicha empresa entendió que debía tomar acciones agresivas y desestabilizadoras. «Cómo voy a saber yo eso, si no sabía ni qué compañía de detectives era. Dijo (Corrochano) que era una agencia de detectives y nunca más se habló de esa agencia o de qué hacía», ha declarado González.
Preguntado por si tenía constancia de que el banco contrató a una agencia de detectives para el cobro de morosos en el ámbito promotor, González ha reconocido que primero se contrató a una agencia, pero al no funcionar como se esperaba, se contrató a otra, si bien en todo momento ha asegurado desconocer de qué firma se trataba.
Además, negó que se le informara de los nombres de los promotores deudores del banco (Luis Portillo, Fernando Martín, etc.) que iban a ser objeto de seguimiento para la recuperación de la deuda, y explicó que sólo se le informaba de los bienes que se detectaban, como unos que se localizaron en Dubai, lo que se puso en conocimiento del juzgado.
Según González, quien le informaba de estos pormenores era Eduardo Arbizu, exresponsable de Regulación y Control Interno de BBVA, no el responsable de Seguridad, Julio Corrochano.
Preguntado también si el responsable de Riesgos en España, Antonio Béjar, le informó en algún momento de estos asuntos, González contestó que despachaba con él unas cuatro veces al año, junto con otro centenar de directivos de la entidad, pero no recordaba que le informara de algo sobre este particular. «Yo empiezo a saber sobre la contratación de Cenyt en mayo de 2018. Todavía no me sigo creyendo ni la mitad de lo que ha salido en la investigación», afirmó en su declaración.
El expresidente de BBVA también negó haber contratado a ninguna otra entidad para contrarrestar los ataques de Ausbanc y de su presidente Luis Pineda. Pineda reclamaba publicidad a las entidades y BBVA pagó 200.000 euros hasta 2007, frente al millón de euros que afirma que pagaban otras entidades.
En 2007 consideró que se le estaba sometiendo a un «chantaje», por lo que dejó de pagar, a lo que Pineda respondió con una acción «brutal» contra el banco. En 2014 nació la idea de presentar una denuncia, pero nadie le planteó contratar a una empresa externa ni para gestionar la denuncia ni para investigar a Pineda o a Ausbanc.
González también relató en su declaración judicial que Arbizu contrató a Garrigues, que averiguó que se había contratado a Cenyt y se le habían pagado «diez u once millones de euros», representando BBVA «el 80% de la facturación de esa compañía», momento en que se encargó a auditoría del banco una investigación interna. No se informó de ello al consejo de administración, pues, aunque González era «partidario de informar», Arbizu pidió «esperar un poco» a tener información veraz.
Asimismo, Francisco González también fue interrogado sobre servicios personales, como el muro de su casa de Guadalmina, que requería de un permiso al Ministerio del Interior. «¿Qué necesidad tiene el banco de pedirle a Redondo o a quién sea una gestión para tramitar un permiso?», cuestionó González.
Respecto a otros asuntos investigados en este procedimiento, González afirmó que sobre el avión corporativo adquirido por el banco en torno al año 2005, él decidió no utilizarlo «para ningún tipo de uso privado».
Finalmente, sobre su salida de la presidencia ejecutiva dijo que no tenía «nada que ver» con el asunto, pero la salida de la presidencia de honor lo achaca a «una campaña mediática enorme» que se hace contra el banco y contra él por intereses «muy poderosos». Por ello, defiende que decidió dar un paso atrás temporalmente para «quitar presión». «Era el paso más correcto», añadió.
