Nuevo escándalo en la banca española, política mediante. Los bancos españoles han logrado salvar 1.400 millones de euros del botín que obtuvieron timando a sus clientes con las cláusulas suelo gracias a la aplicación del decreto por el que el Gobierno de Mariano Rajoy habilitó, a toda prisa tras la sentencia del TJUE (Tribunal de Justicia de la UE) que corrigió al Supremo y obligó a devolver todo lo estafado, una vía extrajudicial para resolver las reclamaciones de las víctimas.
Una vez más se hizo con alevosía legal, por decretazo. El decreto, publicado el 20 de enero de 2017, un mes después del pronunciamiento del TJUE, contenía varias medidas favorables para las entidades financieras entre las que, además de permitirles ganar tiempo y posponer los pagos, destacaban otras dos: dejaba en sus manos el cálculo de la contraoferta a sus clientes, buena parte de los cuales seguían teniendo ‘viva’ la hipoteca con la misma entidad, y les eximía de pagar las costas judiciales tanto en caso de aceptar las demandas sin pleitear como si, tras el juicio, eran condenados a pagar una cantidad no superior a la inicialmente consignada.
Además, la segunda medida les proporcionó un ahorro de más de 300 millones de euros según la asociación de consumidores Adicae, mientras que la primera les ha permitido retener otros 1.400, según las estimaciones del portal Reclamador.es, que basa sus cálculos en los datos oficiales que se conocen de este proceso iniciado hace ahora tres años. La estimación de 1.400 millones de Reclamador.es sale de aplicar la tasa de éxito en los juzgados al medio millón de ‘acuerdos extrajudiciales‘ aceptados/impuestos por/a los afectados, por sus entidades, que recibieron un promedio de 4.429 euros cuando la reclamación media ascendía a 7.193, casi 2.800 euros más por asunto.
