Piden desde más implicación europea a cambiar el protocolo de actuación o alcanzar un Pacto de Estado a partir del acuerdo con Marruecos de 1992
Las organizaciones representativas de guardias civiles y policías han celebrado el fallo de este jueves de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que avala las devoluciones en caliente en la frontera de Melilla y han aprovechado para lanzar diferentes peticiones que van desde revisar el protocolo de actuación a pedir mayor implicación de las instituciones europeas o alcanzar un Pacto de Estado a partir del acuerdo con Marruecos de 1992.
En un comunicado, la asociación de guardias civiles AUGC ha valorado el cambio de criterio de Estrasburgo para «respaldar» la actuación policial en la expulsión inmediata de dos inmigrantes que saltaron la valla de Melilla en 2014, al entender que «se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad al acceder a lugares no autorizados recurriendo a la fuerza».
AUGC ha recordado que ya había solicitado al Ministerio del Interior «mayores garantías jurídicas para el trabajo de los guardias civiles en la frontera» e insiste en que esta sentencia «debe implicar un cambio en la legislación en materia inmigratoria en la que quede claro el protocolo de actuación de los agentes frente a la entrada irregular de migrantes al territorio español».
«En este sentido», añade la asociación profesional, «debe dotarse de mayor garantía jurídica al trabajo de los guardias civiles y proteger las fronteras eficazmente siendo a la vez garantes de los derechos humanos de los migrantes».
AEGC también ha valorado el fallo para sostener que los guardias civiles son «los grandes sufridores de estas devoluciones que parten de una normativa de difícil de interpretación». «Debe servir para que Interior dé las órdenes para redactar un protocolo que evite que se cuestione las actuaciones de agentes», ha señalado.
«UTILIZACIÓN DE LA INMIGRACIÓN»
Desde APROGC, otra de las asociaciones de la Guardia Civil representativas, han puesto en valor tanto este fallo como otros anteriores como el del Tarajal. «La utilización de la inmigración ilegal perjudica a los intereses profesionales de los guardias civiles y solo podrá evitarse si, como venimos pidiendo desde hace años, las fuerzas políticas firman un pacto de Estado en torno al acuerdo de readmisión de 1992 firmado con Marruecos».
Este acuerdo, que fue utilizado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras el salto de 116 migrantes a la valla de Ceuta el 22 de agosto de 2018, es la solución para APROGC porque «permite que los inmigrantes sean identificados, asistidos sanitariamente, atendidos por un abogado y también se estudie la eventual petición de asilo», todo ello «en el menor tiempo posible».
IGC, otra de las asociaciones de la Guardia Civil, considera que los agentes en frontera están «obligados» a impedir la entrada de los inmigrantes si recurren a zonas no habilitadas, ya que la legislación establece que debe estancia y permanencia no se puede permitir «sin unos requisitos mínimos impuestos por razones de orden público y seguridad».
«No obstante, por razones humanitarias y económicas, cuando sean aconsejables para los países europeos pueden establecerse las formas de entrada con ese fin, y en ese caso la Guardia Civil se pondrá al servicio del interés general de España y del ordenamiento jurídico», han añadido desde IGC.
«SE PUSIERON EN RIESGO ELLOS MISMOS»
Desde la Policía, el SUP ha sostenido que «siempre» ha defendido la legalidad de las actuaciones de los compañeros en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos. Para ellos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirma que «fueron los asaltantes del vallado fronterizo quienes se pusieron en riesgo ellos mismos».
El fallo lo que hace es «desmontar las campañas reiteradas de determinados colectivos» que han intentado descalificar la actuación policial en frontera y también «enmendar la política española en materia de seguridad fronteriza». Además, desde el SUP interpretan que obliga a la Unión Europea a tratar la frontera de Melilla y Ceuta como un «problema comunitario». «Es una frontera exterior Schengen y requiere el compromiso y la implicación de los Estados miembros», enfatizan.
«El fallo del tribunal deja claro que la actuación policial ha sido la idónea», han señalado por su parte desde otro sindicato, el SPP, con representación en la escala de mandos. «Avala que las devoluciones se han llevado a cabo dentro de la norma tanto española como europea y, por tanto, nos felicitamos de que sea así», han defendido.
«En España», han añadido, «existen vías legales para acceder al territorio y deja claro que esos cauces son los que hay que utilizar. Es muy importante señalar que han sido los inmigrantes los que se situaron en una situación ilegal al utilizar la violencia. A falta de lo que diga el Tribunal Constitucional, es un espaldarazo a la norma y a los que nos encargamos de cumplirla».
