El pasado día 10 de octubre de 2.019, el Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Terrestre, el General Alejandro Gonzalo Escámez Fernández, ordenaba la remisión de la circular a las unidades dependientes de su mando, un documento donde se advertía de las consecuencias de la difusión en redes sociales de imágenes, videos, considerando esta actividad de filtración a los medios de comunicación se consideraban como una falta de concienciación, negligente o mala intencionalidad.
Advertía de las posibles manipulaciones del material audiovisual, y por ello establecía una serie de recomendaciones al respecto, entre ellas, la utilización exclusiva de dispositivos oficiales, los permisos necesarios para la correspondiente difusión y las consecuencias disciplinarias que el incumplimiento de estas órdenes acarrearía para los militares que no observasen de manera escrupulosa estas directrices.
Además la emisión de imágenes no controladas realizadas dentro de establecimientos de la defensa puede, sin que por ello sea intencionado, divulgar información tan sensible como sistemas de seguridad, cantidad de personal de seguridad en determinados puntos, turnos de las guardias, localización de zonas de acceso restringido y sistemas de protección antiintrusión…
De esta guisa se extendió una cortina de humo politizando el hecho de que un diputado realizó una práctica de tiro real, algo equiparable a visitas de otros dirigentes o jornadas de puertas abiertas, sobre lo que era realmente grave, la grabación y emisión de imágenes dentro de un establecimiento de la Defensa sin el debido control y supervisión por parte de los responsables del Ministerio de Defensa.
Más importante que responder bien es hacer la pregunta correcta, así pues ¿y si esa grabación la hubiera realizado y difundido un familiar de cualquier militar de no tan alta graduación de esa misma Unidad que se encontrara de visita? ¿Se hubieran iniciado medidas disciplinarias en este caso?
