El ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, ha ido en el Senado por la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos y ha escuchado como se detallaban los casi 680 millones de euros que el PSOE había defraudado en los ERE a través de un sistema diseñado «opaco» y «arbitrario» como describe su acusación anticorrupción.
Sin embargo, Chaves sólo se enfrenta a una inhabilitación de 10 años, y se ha negado a responder las preguntas del senador que puso una grabación donde dos empresarios detallaban las comisiones del 33% que cobraba la Junta para poder recibir las subvenciones .
Según el diario DigitalSevilla, Chaves ha escuchado como le han detallado la presunta financiación del PSOE, a través de subvenciones para cursos de formación que daba la Junta utilizando para justificar estas ayudas los alquileres de las sedes conjuntas o no que tenía el partido junto con el sindicato UGT de Andalucía.
Según el senado popular la Junta daba a empresas afines subvenciones para luego cobrarles unas comisiones que se entregan «en barras de cafeterías». Este sistema, junto con el de la formación ha hecho daño a los andaluces, ya que las ayudas no iban a las personas que los necesitaban, sino a aquellos que pagaban al PSOE, o ayudaban a su financiación mediante el «caos» de las sedes del partido.
La Junta de Susana Díaz no sabe en qué se han gastado 2.324 millones
La Junta tiene todavía en su cuenta general de 2016, según indica ABC, 2.324,26 millones de euros sin justificar a pesar de que se ha agotado el plazo marcado por la ley para hacerlo.
Y es que el fraude multimillonario en las ayudas para cursos de formación detectado en abril de 2014 lastran la gestión de Susana Díaz. Desde 1987 hasta el 31 de diciembre de 2016 se ha ido acumulando millones y millones sin justificar su gasto. Se dieron ayudas a entidades que no han acreditado el gasto para el que recibieron el dinero de los andaluces y que no lo han devuelto. De hecho la Junta ha dado millones de euros sin control como los fondos Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y del Fondo Social Europeo que son los fondos de Europa para ayudar a las regiones más deprimidas.
Por otra parte, la incapacidad para gestionar los expedientes hizo que el Gobierno de José Antonio Griñán y de su heredera, Susana Díaz, paralizaran los cursos de formación para los parados y trabajadores perdiendo los andaluces 800 millones de euros. Aún no se sabe, ni Canal Sur lo plantea en sus debates políticos, quién va a pagar estos 800 millones perdidos por los parados andaluces para su formación, en una de las regiones con más paro de Europa.
El 49% son pagos realizados por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, el 51% restante es relativo a la gigantesca red de entes públicos creados por el PSOE-A a través de sus gobiernos donde la oposición apunta que hay miles de “enchufados”. Ya en 2014 la magistrada Mercedes Alaya detectó, gracias a la investigación de la Guardia Civil, que la Junta había dado 950 millones entre 2008 y 2011 que estaban sin justificar todavía en octubre de 2013.
El atajo del Gobierno de Susana Díaz al que ha vuelto a recurrir son las “exoneraciones” masivas para que los ayuntamientos y entes puedan volver a recibir fondos a pesar de no haber justificado las ayudas antes obtenidas. Esta medida no aclara el descontrol que ha habido en las ayudas desde hace décadas. Curiosamente, las exoneraciones benefician, entre otros, a la hermana de Mario Jiménez, el exvicepresidente de CajaSol, sin estudios superiores y mano derecha de Susana Díaz, cuya empresa recibió 19 millones de euros, otorgados por la Diputación de Huelva, que la preside su pareja.
