Dicho y hecho. Al más puro estilo Boye, el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, se ha desvinculado de la gestión de su propio bufete. El pasado 28 de febrero renunció al cargo de administrador solidario de Boye-Elbal & Asociados SLP, el despacho que montó en 2012 con su pareja, la también letrada Isabel Elbal. Desde hace 10 días, solo ella figura como administradora de la sociedad.
La salida de Boye del cargo se ha producido solo tres semanas después de que la Audiencia Nacional dictara el embargo de todos sus bienes para hacer frente al pago de los 1,2 millones de euros que adeuda en concepto de responsabilidad civil solidaria por su participación en el secuestro del industrial Emiliano Revilla. Fuentes de su entorno aclaran que mantiene participaciones en el negocio familiar.
Tal como indica El Confidencial, tras el dictamen de la Audiencia Nacional solo se le han podido embargar 2.000 euros, un 0,17% del total pendiente. No tenía más fondos en sus cuentas. Además, según el Registro de la Propiedad, Boye carece de bienes inmuebles en territorio nacional. Ni viviendas ni oficinas. Una sonora bofetada en la cara más a la justicia politizada española, por parte de Boye.
