El rey emérito Juan Carlos I, comprobando que las denuncias sobre sus chanchullos y maquineos de corrupción van a ir hasta el final, ha elegido para “ejercer su derecho a la defensa” al abogado Javier Sánchez-Junco, un antiguo fiscal anticorrupción muy conocido en la década de los noventa por encabezar la causa contra Mario Conde en el caso Banesto.
Este letrado será a partir de ahora “quien proceda a dar cuenta públicamente de las informaciones que le puedan afectar [al Rey emérito] y se consideren procedentes”, según ha informado la Casa Real a través del comunicado donde Felipe VI anuncia que renuncia a la herencia de su padre y le retira su asignación.
Sánchez-Junco, fiscal anticorrupción en excedencia, fundó en 2001 su propio despacho, según consta en su página web. Una firma especializada “en el asesoramiento de empresas y particulares en el ámbito socio-económico” y en “la defensa jurídica en el ámbito del derecho penal-económico”.
Hay que recordar su hijo el actual Monarca Felipe VI, ha admitido este domingo que, desde el 5 de marzo de 2019, tenía conocimiento de “su supuesta designación como beneficiario de la Fundación Lucum desde el momento en el que se produjese el fallecimiento de su majestad el rey Juan Carlos”.
Según su versión, recibió entonces una carta del despacho de abogados Kobre&Kim (Reino Unido) en la que se le informaba de tal situación. “Sin ninguna ustificación documental”, matizaba Felipe VI en su nota de prensa, donde añadía que, inmediatamente, comunicó al citado despacho de abogados que no tenía “conocimiento, participación o responsabilidad alguna en los presuntos hechos que mencionaba”, sobre la herencia de su padre.
