Se sospechaba que el Gobierno de Pedro Sánchez estaba estrangulando y manipulando cualquier tema relacionada con la crisis del coronavirus por el Covid-19. Ahora sabemos que una orden promulgada por el Ministerio de Sanidad, el Ejecutivo central solicita a las comunidades autónomas cualquier información epidemiológica y relativa a la situación de la capacidad asistencial y las necesidades de recursos materiales y humanos. O eso, o la coalición de derechas miente.
Bien, esta medida ha provocado que la gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) advierta a sus profesionales de que están obligados «a guardar secreto sobre cualquier información a la que accedan en el ejercicio de su actividad». Hasta ahora, las principales fuentes para denunciar la falta de pruebas, equipos de protección y otros recursos han sido los propios sanitarios con sus palabras.
Pero ahora conocemos, aportada por el Diario SUR la carta que lo impone. La misiva dirigida a todos sus empleados sanitarios o no, el SAS alerta de que el ordenamiento jurídico establece como ilícitos penales el descubrimiento y la revelación de secretos, fijando como agravante que la vulneración de la intimidad se produzca por trabajadores públicos.
La gerencia andaluza también recuerda que la situación originada por el coronavirus ha sido calificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como pandemia internacional, creando «una crisis sin precedentes en el siglo XXI y de enorme repercusión para la vida de los ciudadanos». A esto, continúa la misiva sin espeficar a qué se refiere, «se unen la inmediatez con que se demanda la información y la celeridad en su transmisión por el uso generalizado de redes sociales».
El gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, asegura que envió la carta tras una queja del Ministerio de Sanidad por la información difundida tras decretarse el estado de alarma. La orden en la que se ampara permite a la cartera que ostenta Salvador Illa controlar todos los datos sobre la enfermedad, pero no hace referencia a su uso por parte de los empleados públicos.
El senador socialista Miguel Ángel Vázquez, exportavoz del Gobierno andaluz, asegura que desde su partido no entienden la lectura que la Junta ha hecho de la orden del Ministerio: «La carta no tiene soporte argumental en ninguna medida del Consejo de Ministros». Pero queda nitidamente expresada la advertencia sobre auto imponerse a una ley del silencio en la citada misiva.
Además ese mismo diario confirma también que las notas oficiales han de ser revisadas por el propio Ministerio. También la concesión de entrevistas está más limitada que antes y en muchos casos reservada a formularios escritos que no permiten repreguntas. Con lo cual se puede leer que se está obligando al silencio a Andalucia y resto de territorios regionales, o la coalición de derechas de la Junta obliga a una Omertá, o silencio estilo mafia.
Esta es la Carta del SAS:
