Este Gobierno socialista va por libre. El querer salir a la palestra para hacerse la foto tiene eso. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles con contundencia, que los ciudadanos podrán recuperar «su vida normal» a partir del próximo día 26 de abril, aunque la vuelta a la «ocupación de calles y plazas» se realizará «con instrucciones» que transmitirá el propio Ejecutivo. Algo que puede desembocar en otro caos por la ilusión con la pésima gestión que se ha hecho hasta ahora. Y que pongan fecha desde Madrid, epicentro de la pandemia.
En cualquier caso, dar una fecha concreta casi tres semanas antes de ver como prosigue la pandemia es una insensatez. Ni los especialistas médicos tienen una fecha exacata como sí parece ser que tiene la ministra. Las muertes no paran de subir y aún nadie deice que se haya llegado a la curva para empezar el descenso. Ahora se arriesga a forzar las salidas, sean o no con instrucciones claras, y volver a los positivos masivos. Hay fallecidos a los que no se le ha diagnosticado la enfermedad y que deberán ser estudiados «tras la fase aguda» de la epidemia.
La titular de Hacienda lo ha dicho en Antena3, y que por el momento, lo único que se puede «dar por hecho» es la prórroga del estado de alarma hasta el día 26. Eso sí, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, confirmó que habría otra prórroga al término de esta última. Montero ha explicado que será entonces, a finales de este mes, cuando los ciudadanos podrán desarrollar gradualmente su día a día, aunque todavía no está claro en qué condiciones. «Se hará con diferentes escenarios que no anticipamos porque queremos que los técnicos decidan», ha apuntado.
En este contexto, la ministra ha precisado que los propios técnicos del Ministerio de Sanidad todavía requieren la información que les será proporcionada a lo largo de las dos próximas semanas para «dibujar» los escenarios de la «desescalada». La información a la que ha aludido Montero es un estudio que Sanidad va a llevar a cabo y en el que participarán en torno a unas 60.000 personas de diferentes comunidades autónomas. «Empezando por las residencias de mayores, personas que llegan a nuestros centros sanitarios y un muestreo aleatorio», ha señalado.
