Tras el enorme caos sanitario por la pandemia, la justicia #MarcaEspaña asume que le llegará su turno. Una gran avalancha de denuncias post coronavirus impactará ahora en los juzgados y tribunales, en cuanto se levante el confinamiento. Se prevé una llegada masiva de demandas por miles de procedimientos de despido, ERES, concursos de acreedores, reclamaciones de deudas, ejecuciones hipotecarias, herencias…
La situación es inédita y excepcional en España y llegará en forma de avalancha, según fuentes judiciales. Jueces, fiscales, letrados, funcionarios, abogados, notarios… Ninguna de las distintas fuentes se atreve a realizar una previsión de la avalncha que se avecina. En el que todos consideran que las consecuencias de la pandemia del coronavirus amenazan con colapsar jurisdicciones ya de por sí sobrecargadas, como son las de Social, Civil y Mercantil.
Una primera se producirá nada más levantarse el estado de alarma, con el aluvión de escritos y demandas con reclamaciones de deudas entre particulares y empresas, lo que impactará de lleno en los juzgados de primera instancia (Civil). Y la otra se produciría a partir de septiembre, cuando a los juzgados de lo Social lleguen las demandas contra los despidos que al principio estarán en la fase de mediación y, en el ámbito Mercantil, al reducirse la liquidez y las empresas se declaren en concurso de acreedores al igual que las personas físicas (estas últimas como puerta para una segunda oportunidad).
En Francia ya se presentaron las primeras denuncias hace un mes. Un grupo de médicos iba a llevar a los tribunales la gestión de Emmanuel Macron, y concretamente la de su ministro de Sanidad, por los retrasos en decretar la alarma sanitaria. El escenario es parecido al español. Máxime porque en Francia el partido de oposición de Jean Luc Mélenchon ha respaldado la iniciativa, y no se puede excluir que en España pase lo mismo.
Desde Justicia aseguran que, una vez que se haya dejado sin efecto la declaración del estado de alarma y las previsibles prórrogas del mismo, el departamento que dirige el ministro Juan Carlos Campo aprobará a la mayor brevedad posible y en todo caso en el plazo máximo de 15 días, un Plan de Actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo así como en el ámbito de los Juzgados de lo mercantil con la finalidad de contribuir al objetivo de una rápida recuperación económica tras la superación de la crisis.
