Abogados, magistrados y otros juristas coinciden en señalar, de acuerdo con un informe realizado por la Abogacía del Estado, que las sanciones previstas en la Ley de Seguridad Ciudadana sólo deben imponerse a los ciudadanos que son descubiertos saltándose las indicaciones del Estado de Alarma, pero que además se resistan a obedecer un requerimiento expreso e individualizado que le realicen los agentes de la autoridad.
Desde el inicio del estado de alarma, las fuerzas de seguridad han puesto más de 667.000 multas por infringir el confinamiento, según el Ministerio del Interior. Esta intervención genera dudas entre algunos juristas que avisan de que gran parte de las sanciones podrían ser ilegales. Varios expertos y organizaciones de derechos humanos denuncian una «aplicación muy dura de la ley», con multas «desproporcionadas» y arbitrariedad policial favorecida por la falta de «claridad» de la norma. El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, Andrés Boix Palop, avisa de una respuesta «innecesariamente autoritaria» en relación con otros países de la UE y el abogado Alfonso Catena alerta que «un exceso de rigor puede vulnerar los derechos fundamentales «.
Boix Palop considera que la declaración del estado de alarma se ha hecho «mal» y, además, el decreto «no tipifica bien las cosas autorizadas y las cosas prohibidas». «Lo que tenemos es a las fuerzas de seguridad decidiendo ellas que está prohibido o no a partir de circulares internas que no están publicándose», critica, y añade que toman decisiones que «van en contra del principio de la libertad general» y «algunas veces contra el propio decreto».
El profesor de Derecho Penal de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Josep Maria Tamarit, afirma que el elevado número de sanciones es «una de las muestras» de la intervención «abusiva» del Estado con el estado de alarma. Lo ve un «riesgo importante por los derechos y libertades» y cree que «se debería invitar a la población a poner recursos» contra las sanciones. Tamarit apunta que la policía pone multas «muy graves» para actuaciones «muy menores» y «arbitrariamente».
«No hay una pauta realmente marcada», constata Catena, que teme que pueda haber un «exceso de celo a la hora de cumplimentar estas propuestas de sanción». Otro elemento que denuncia Boix Palop, es que no se puede sancionar directamente por desobediencia alguien que presuntamente se ha saltado el confinamiento, en línea con el criterio expresado por la Abogacía del Estado sobre la aplicación del artículo 36.6 de la ‘ley mordaza’ sobre desobediencias.
«Esto es absolutamente ilegal», avisa, porque es necesario que se haya requerido previamente el ciudadano y que éste haya desobedecido la orden del agente de la autoridad. «Desobediencia requiere requerimiento explícito» y una «orden concreta que no se cumple», coincide Tamarit. En este sentido, Catena también avisa de que la desobediencia no puede ser «automática» y que la sanción debe ser «la última aplicación de la norma».
Primero hay que «requerir» de forma expresa al ciudadano que presuntamente incumple el confinamiento y no sancionar directamente. Boix Palop añade que, además de un número «aterrador» de sanciones, son por cantidades «desproporcionadas». Las multas por desobediencia van de 601 a 30.000 euros. «No hay ningún problema grave de orden público» pero, en cambio, hay una «sobre-reacción» policial, dice Boix Palop.
El Defensor del Pueblo también ha planteado interrogantes sobre la política de sanciones y entidades de derechos humanos, impulsadas por Defender a Quién Defensa, también denuncian que la cuantía de las multas es «desproporcionada» y critican que se sancione «las personas directamente por un desplazamiento no autorizado «. Afirman que no se han dado instrucciones claras sobre cómo justificar un desplazamiento con seguridad jurídica y dicen que es discriminatorio con colectivos vulnerables -como personas sin hogar o trabajadores en situación no regularitzada-.
Gran parte de las sanciones, «ilegales»
Boix Palop cree que gran parte de las sanciones son «ilegales» y se pueden ganar. Son propuestas de sanciones administrativas, a las que se pueden presentar alegaciones y si no se aceptan, se puede presentar recurso a los tribunales contenciosos-administrativos. Sin embargo, cree que «mucha gente decidirá pagar para no entrar en un lío».
Tamarit explica que una multa puesta ilegalmente y que, por tanto, podría declararse nula, sería en el supuesto de que el denunciado tenga una causa justificada para el desplazamiento y el agente de la autoridad «no se lo crea «o en casos en que la» transgresión sea tan menor «que el policía actuara con un» exceso de celo «así como por el hecho de que se multi directamente por desobediencia sin requerimiento previo.
Un grupo de abogados, entre los que Catena, está organizando una plataforma de apoyo entre profesionales del derecho para tratar estos casos, ya que prevén que «muchas» de las sanciones llegarán a los despachos. «Tantas sanciones, como juristas, nos preocupan», afirma, porque «el rigorismo va más en contra que a favor de los derechos». Estudian hacer acciones coordinadas en todo el Estado para concienciar de estas posibles vulneraciones.
«Bofetadas, empujones, golpes y patadas»
Aparte de las sanciones, hasta ahora las fuerzas de seguridad han detenido a más de 5.900 personas. Varias organizaciones de derechos humanos, entre las que iridio o el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB han denunciado al Ministerio del Interior una decena de casos documentados de violencia institucional que dejan constancia de «bofetadas, empujones, golpes y patadas» por parte de fuerzas de seguridad.
El vídeo muestra a un transportista de Torrelavega, en Cantabria, que ha sido multado, con 1.500 euros, por estacionar mal su vehículo durante el confinamiento, en línea amarilla, durante dos minutos para entregar dos envíos. En teoría, reparte tambien para el hospital:
