El Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene María Montero Gil, pareja de Pablo Iglesias, ha anunciado el refuerzo de las medidas sociales y asistenciales dirigidas a mujeres «en contexto de prostitución», entre las que plantea la posibilidad de acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV) que prepara el Gobierno y que podría estar en vigor en el plazo de un mes.
El Ministerio de Igualdad ha elaborado una serie de medidas para reforzar el Plan de Contingencia contra la violencia de género ampliando la protección de las víctimas de trata, las víctimas de explotación sexual y las mujeres en contexto de prostitución durante el estado de alarma, como indica 20minutos, sector especialemnte sesible a los servicios esenciales para acogerse el IMV.
El Ministerio reconoce a las prostitutas como uno de los colectivos «en mayor riesgo de ser afectadas de manera desproporcional por la crisis de COVID-19«. Lo argumenta en el hecho de que «las entidades y ONGs especializadas en la detección, atención e intervención psicosocial han tenido que paralizar en la mayoría de los casos su actividad asistencial y ambulatoria, exponiendo a las mujeres a un escenario de vulnerabilidad y desprotección de derechos».
Entre las medidas se hace constar que «con objeto de garantizar las condiciones mínimas de subsistencia, y cuando se adapten a los criterios acordados, las víctimas de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual, así como los casos de extrema vulnerabilidad de mujeres en contexto de prostitución, serán incluidas como beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital«.
Y agregan: «se asegurará también que las mujeres en situación administrativa irregular, que son en la mayoría de los casos las principales víctimas de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual, tengan acceso a este derecho».
En el mismo sentido, y tal como recoge el Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, que modifica el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 según la Orden TMA/336/2020 de 9 de abril, las víctimas de trata y explotación sexual, así como las mujeres en contexto de prostitución, podrán ser beneficiarias de las ayudas de este programa.
El español, cliente preferente en la prostitución
Ya no se les ve en la calle y muchos prostíbulos han cerrado, pero eso no significa que hayan dejado de ser explotadas. La crisis sanitaria por el coronavirus y las medidas de confinamiento implantadas para frenar su propagación han agravado las circunstancias de unas mujeres de por sí muy vulnerables.
Sigue habiendo una clara demanda por parte de los puteros y las mafias están moviendo a las mujeres a pisos particulares. Están en manos de sus victimarios y nos preocupa el aumento de la violencia contra ellas», denuncia Rocío Mora, directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp).
Esta organización ha realizado un seguimiento de la situación desde que se decretó el estado de alarma el 14 de marzo y ha elaborado un exhaustivo informe. Este refleja que el 80% de los pisos siguen operativos y un 5% se ha activado. El 15% restante ha cerrado y «la materia prima ha sido desechada».
Según esta ONG, esta es una situación de esclavitud que hace del apoyo sanitario uno de los pilares de la actividad de Apramp y cobra especial relevancia en una situación de pandemia como la que atraviesa el mundo en general y España en particular, que al ser muy dada a los servicios de prostitución, incide aún más en este grave problema.
